By Communications Department - Archdiocese of Miami
�Cuando un forastero viva junto a ti, en tu tierra, no lo molestes. Al forastero que viva con ustedes lo
mirar�n como a uno de ustedes y lo amar�s como a ti mismo, pues ustedes tambi�n fueron forasteros en
Egipto: �Yo soy el Se�or, tu Dios!� Lev�tico 19: 33 � 34
Nosotros, los Obispos cat�licos de la Florida, estamos profundamente preocupados con el imperfecto
sistema de inmigraci�n de nuestra naci�n y su impacto en la dignidad humana y en la vida de nuestros
hermanos y hermanas itinerantes. Este sistema divide a la familia y les causa sufrimientos humanos a
quienes buscan trabajo para mantener a su familia.
En la Florida, nuestra econom�a depende de la mano de obra para la agricultura, la construcci�n y la
industria del servicio. Un n�mero limitado de visas de trabajadores est�n disponibles para traer mano de
obra no calificada a los Estados Unidos para trabajos, pero con demasiada frecuencia la demanda
excede la necesidad. Esto ha creado un mercado para trabajadores indocumentados que confrontan
abusos tales como salarios inadecuados, viviendas que no cumplen con los requisitos de habitabilidad, y
carencia de beneficios, con una verdadera amenaza de explotaci�n de parte de empleadores
inescrupulosos, contrabandistas humanos y traficantes humanos. Aunque la Iglesia Cat�lica no aboga
por la inmigraci�n indocumentada en los Estados Unidos, respeta la dignidad de la persona humana y el
derecho a trabajar para satisfacer las necesidades b�sicas de su familia.
Las naciones m�s pr�speras tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la
seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su pa�s de origen. Las autoridades deben
velar para que se respete el derecho natural que coloca al hu�sped bajo la protecci�n de quienes lo
reciben. (Catecismo de la Iglesia Cat�lica, 2241)
El hecho que el Congreso de los Estados Unidos no promulgara la reforma total de inmigraci�n deja a los
itinerantes que buscan trabajo sin protecci�n legal y vulnerables para ser maltratados. Al mismo tiempo,
nuestro Estado y nuestra naci�n se benefician con su trabajo y con sus impuestos, creando una clase
baja permanente sin derechos en nuestra sociedad. En su enc�clica Laborem Exercens, publicada en el
a�o 1981, el Papa Juan Pablo II expres� que se debe tener cuidado para prevenir la explotaci�n de
aqu�llos que tienen que emigrar para encontrar trabajo. Adem�s, una legislaci�n justa tiene que
asegurar que el mismo criterio que se aplica a otros trabajadores en la sociedad sea aplicado a los
trabajadores inmigrantes. Como una cuesti�n moral, no podemos aceptar el trabajo y los impuestos de
estos seres humanos sin ofrecerles la protecci�n de nuestras leyes. Esta no es la manera americana.
Tambi�n tenemos graves preocupaciones acerca del impacto que este sistema imperfecto est� teniendo
en la unidad de la familia. La familia es un componente b�sico de la sociedad y el lugar donde los ni�os
son alimentados y protegidos. Con demasiada frecuencia, los atrasos y las cuotas de visas para pa�ses
previenen que los ciudadanos inmigrantes y los residentes permanentes legales traigan a su esposa/o, a
sus padres, y a sus hijos menores; para muchos, una espera de casi 20 a�os. Los ni�os ciudadanos
americanos que son hijos de inmigrantes indocumentados, corren un riesgo significativo si sus padres
son encarcelados y designados para ser deportados.
Nuestra preocupaci�n humanitaria con respecto al quebrantado sistema de inmigraci�n no est� en
conflicto con el derecho de la naci�n soberana de controlar sus fronteras. Reparando el sistema en su
totalidad, y proveyendo medios de entrada legales, la naci�n reemplazar�a la ilegalidad con legalidad, de
modo que los individuos y las familias podr�an emigrar y trabajar de una manera segura y controlada.
Esto no s�lo proteger�a los derechos de los itinerantes, sino tambi�n ayudar�a a asegurar la seguridad
nacional, ya que la polic�a podr�a enfocarse en aqu�llos que vienen a nuestro pa�s para hacernos da�o.
La Iglesia en su ense�anza reconoce el derecho que posee todo Estado soberano de controlar sus
fronteras para promover el bien com�n. As� mismo reconoce el derecho que tienen las personas de
migrar para gozar los derechos que poseen como hijos de Dios. Estos principios se complementan. Aun
cuando el Estado soberano puede imponer l�mites razonables a la inmigraci�n, no se sirve al bien com�n
cuando se va contra los derechos humanos b�sicos del individuo. (Juntos en el Camino de la Esperanza
Ya No Somos Extranjeros, una declaraci�n pastoral conjunta compuesta por los Obispos de M�xico y de
los Estados).
Aunque apoyamos el derecho de la naci�n soberana a controlar sus bordes, esto no significa que deba
hacerse de una manera que socave los derechos humanos b�sicos. La vasta mayor�a de inmigrantes a
esta naci�n no son criminales, lo cual debe ser tomado en cuenta en cualquier estrategia para imponer la
ley. Los recientes aumentos de deportaciones y, algunas veces el tratamiento inhumano de los
detenidos, como rehusar permitirles ponerse en contacto con la familia, y la falta de representaci�n legal,
nos hace cuestionar los m�todos usados en contra de aqu�llos que ya temen por su vida. La ley de
inmigraci�n es complicada, y tan s�lo profesionales entrenados tienen un conocimiento actual de las
leyes, no de la imposici�n de la ley local.
Cualquier aprobaci�n de leyes que legalicen hacer el perfil de personas, disminuir� la seguridad p�blica
y desalentar� el reporte de cr�menes. Los llamados �ilegales� lo son no porque deseen desafiar la ley,
sino porque la ley no los provee con canales para regularizar su estatus en nuestro pa�s, que necesita su
trabajo. Ellos no est�n tanto quebrantando la ley, como siendo quebrantados por la ley.
En lugar de aprobar leyes locales y estatales que causen temor en las comunidades de inmigrantes, el
Congreso tiene que sacar a estas personas de la sombra para que puedan contribuir a nuestra naci�n
con sus talentos a plenitud. La Conferencia de Obispos Cat�licos de los Estados Unidos ha abogado
consistentemente por �un camino hacia la ciudadan�a�, es decir, por que aqu�llos que ya est�n presentes
y contribuyendo con sus talentos en nuestra sociedad, puedan dar un paso hacia adelante y pagar una
multa, ser sometidos a un chequeo de sus antecedentes penales, mostrar que han pagado los
impuestos, que est�n aprendiendo ingl�s, y obtener una visa que conducir�a a la residencia permanente.
La inmigraci�n es una cuesti�n federal y tiene que haber una soluci�n federal, m�s bien que intentos de
elaborar varias propuestas en varios estados incluyendo la Florida.
Le hacemos un llamado a nuestra delegaci�n federal a que dirija la lucha por la reforma total de la
inmigraci�n en el Congreso. Le hacemos un llamado a la legislatura de la Florida a que oponga
resistencia a los esfuerzos de demonizar a aqu�llos que proveen la mano de obra para nuestra
econom�a y un modo de vida para su familia. Nuestra Ense�anza Social Cat�lica y la Tradici�n de la
Iglesia afirman la dignidad de todo ser humano, hecho a imagen de Dios.
Arzobispo Thomas G. Wenski, Arquidi�cesis de Miami
Obispo Victor Galeone, Di�cesis de St. Augustine
Obispo Robert N. Lynch, Di�cesis de St. Petersburg
Obispo John G. Noonan, Di�cesis de Orlando
Obispo John H. Ricard, SSJ, Di�cesis de Pensacola-Tallahassee
Obispo Gerald M. Barbarito, Di�cesis de Palm Beach
Obispo Frank J. Dewane, Di�cesis de Venice
Obispo Auxiliar Felipe J. Est�vez, Arquidi�cesis de Miami
