By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami

Es posible que ustedes hayan visto u oído recientemente en las noticias que el secretario de justicia de la Florida, James Uthmeier, en una carta enviada a la Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, cuestionó nuestra política de no conceder «exenciones religiosas» a la vacunación para los niños de nuestras escuelas.

En su carta, también se incluía una amenaza apenas velada de que, si no cambiábamos nuestras políticas, nuestra participación en los programas estatales de becas educativas podría verse comprometida.

Se trató de una extralimitación sin precedentes e inesperada, por parte de un funcionario estatal, que vulnera nuestra libertad religiosa, protegida por la Primera Enmienda: son los obispos, y no un funcionario del Estado, quienes deciden cómo interpretar y aplicar los principios y la teología católicos.

Además, el Estado no puede excluir a las escuelas católicas del programa de becas simplemente porque la interpretación que un funcionario estatal tiene de las enseñanzas de la Iglesia, difiera de la de los obispos.

En la subsección 1002.42(2)(h) de los Estatutos de la Florida, la Legislatura estatal declara expresamente que «no es intención de la Legislatura regular, controlar o supervisar, expresa o implícitamente, a las iglesias, sus ministerios o la instrucción, las libertades o los ritos religiosos».

Si bien la Florida puede exigir requisitos de elegibilidad válidos y neutrales para un programa estatal de becas educativas, no puede condicionar la participación de una escuela católica a una interpretación concreta de sus propias enseñanzas religiosas.

La libertad religiosa, aunque garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, exige una gran vigilancia: como obispos, nos hemos opuesto firmemente a leyes y políticas que obligarían a instituciones o personas católicas a violar las enseñanzas de la Iglesia.

En los últimos años, nos hemos opuesto sistemáticamente a políticas —ya sean promulgadas por el gobierno federal o por los estatales— que obligarían a instituciones o personas católicas a actuar en contra de sus creencias religiosas.

Por ejemplo, nos hemos opuesto a intentos de obligar a nuestras instituciones a proporcionar o facilitar el acceso a métodos anticonceptivos o abortivos, o a permitir la eutanasia.

Gracias a la Primera Enmienda, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha otorgado, en diversas sentencias, una sólida protección frente a tales extralimitaciones estatales.

Las vacunas en cuestión son obligatorias para los estudiantes según la legislación de la Florida. Nuestras escuelas católicas no conceden «exenciones religiosas» para la vacunación de los alumnos, ya que las vacunas, tal como se desarrollan y administran actualmente, no contravienen las enseñanzas de la Iglesia.

La Iglesia no obliga ni coacciona a los padres para que vacunen a sus hijos. Nadie está obligado a asistir a una escuela católica. Al mismo tiempo, procuramos atender a aquellos niños cuyos médicos indican que es necesaria una exención por motivos de salud.

Actualmente, hay aproximadamente 95.000 alumnos en nuestras escuelas diocesanas de todo el estado. Nuestras políticas de vacunación tienen como fin promover el bien común. Esta postura se fundamenta en nuestro Catecismo: «La vida y la salud física son dones preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común» (Catecismo de la Iglesia Católica, n.º 2288).

Exigir la vacunación protege a los niños —incluidos aquellos con exenciones médicas—, así como la salud y la seguridad de los maestros, el personal y los padres (incluidas las mujeres embarazadas) que interactúan con nuestros alumnos. 

Reafirmamos la responsabilidad moral de vacunarse para evitar graves riesgos para la salud de los niños y de la población en general. Nuestras escuelas católicas cumplen con la ley y, si bien agradeceríamos la oportunidad de dialogar con el secretario de justicia, estamos preparados para proteger a nuestros alumnos, defender nuestros derechos y preservar la libertad religiosa