By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami
El mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que extendería las protecciones del TPS (Estatus de Protección Temporal) para los haitianos por tres años más, un salvavidas crucial para aquellos que buscan desesperadamente evitar regresar al caos de esa nación insular, la cual podría describirse como una «casa en llamas».
Este proyecto de ley —que también requerirá la aprobación del Senado— ofrece un respiro a los más de 350.000 haitianos que hoy viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos bajo la protección del TPS. Estas protecciones llegarán pronto a su fin, dado que la Administración ha determinado —de manera inexplicable— que las «condiciones del país» han mejorado lo suficiente como para que los haitianos que se encuentran en los EE. UU. sean enviados de regreso a su país.
Sin embargo, Haití sigue siendo un país al borde del abismo. Desde el desastroso terremoto de 2010 —que cobró las vidas de más de 250.000 personas en un solo día y desplazó a millones más—, el país ha enfrentado una calamidad tras otra. Existe una violencia generalizada por parte de pandillas y secuestros, una epidemia de cólera desenfrenada y una creciente inseguridad alimentaria.
La falta de instituciones estatales funcionales ha derivado en un colapso general de la seguridad, en el que los ataques contra mujeres y niños se han vuelto algo habitual. Sería un acto de abyecta crueldad por parte de los Estados Unidos enviar a estas familias de regreso a condiciones tan peligrosas e inseguras. Hacerlo solo serviría para exacerbar la crisis humanitaria que Haití atraviesa actualmente.
Al mismo tiempo, al aprovechar las protecciones que ofrece el TPS —incluida la oportunidad de trabajar legalmente—, estos haitianos se han convertido ya en una parte integral y productiva de nuestra sociedad. Los haitianos en este país no viven «a costa del Estado» ni constituyen una «carga pública».
Son trabajadores esforzados que ocupan puestos de trabajo que, de no ser por ellos, quedarían vacantes. La expulsión repentina de los haitianos titulares del TPS tendría consecuencias devastadoras para la economía de nuestra nación. Por ejemplo, en centros de salud como las residencias de ancianos, la ética laboral de los haitianos es muy valorada, incluso más allá de nuestra comunidad en el sur de Florida.
En lugares como Indianápolis y Springfield (Ohio) —donde los haitianos fueron falsamente acusados de comerse las mascotas de los vecinos—, líderes empresariales y algunos políticos de ambos partidos han señalado que perder a la comunidad haitiana perjudicaría la economía local.
Por supuesto, algunos argumentarán que el término «temporal» debería significar, precisamente, eso: temporal. No puedo estar en desacuerdo con ello. El TPS fue aprobado por el Congreso en la década de 1990, ya que los legisladores lo consideraron entonces una solución para aquellas personas que se encontraban en los Estados Unidos pero que, debido a las condiciones en sus países de origen, no podían regresar a casa de manera segura. Cabe admitir que ha resultado ser una herramienta imperfecta, una herramienta que no puede sustituir la ardua labor de la reforma migratoria que el Congreso deberá emprender, tarde o temprano.
Sin embargo, a falta de cualquier otra alternativa viable, el TPS es la opción disponible. Y el Senado debería sumarse a la Cámara de Representantes para aprobar una prórroga de tres años para los haitianos amparados por el TPS. Como ya he señalado, esto brindaría a los haitianos un respiro —aunque sea temporal— y, al mismo tiempo, esos tres años podrían dar a nuestros legisladores el tiempo necesario para explorar soluciones más duraderas y viables.
Sin duda alguna, este es un curso de acción preferible a dejar a las familias totalmente desamparadas y sin ninguna alternativa viable, pues, ciertamente, la deportación masiva de 350.000 hombres, mujeres y sus hijos a un país que atraviesa una situación crítica no constituye una alternativa viable.
Día tras día, soy testigo de las consecuencias humanas —a menudo involuntarias— de las decisiones de política pública que derivan en una incertidumbre crónica, en el miedo y en la desintegración de familias y comunidades enteras. Ahora corresponde al Senado votar a favor de extender las protecciones del TPS para los haitianos.
