By Catholic News Service - Catholic News Service
Fotógrafo: Daniel Becerril OSV News/Reuters
Migrantes ingresan al río Bravo en Matamoros, México, el 10 de mayo de 2023, para cruzar la frontera y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de que finalice el Título 42.
Marietha Góngora V.
OSV News / Redacción de LVC
Este 11 de mayo el Título 42 llegó a su fin y con él se restableció el procesamiento conforme al Título 8, una medida que promete endurecer las consecuencias para los migrantes que intenten cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Además, la administración Biden anunció el 10 de mayo medidas que endurecerían aún más los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos.
Troy Miller, comisionado de la agencia de Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP por su sigla en inglés), declaró en días pasados ante el Congreso que se están preparando para que hasta 10,000 migrantes crucen diariamente la frontera sur una vez finalice el Título 42. Miles han estado esperando por meses en la frontera para presentar sus solicitudes de asilo.
El Título 42 es una parte de la ley federal de salud pública de Estados Unidos, que fue implementada por la administración Trump en 2020 al inicio de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, se ha invocado más de 2.7 millones de veces para expulsar a migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esto incluye a migrantes que trataban de cruzar en repetidas ocasiones, ya que no había penalizaciones por cruzar al ser expulsados bajo el Título 42.
Los obispos estadounidenses y otros defensores católicos de migración han criticado el Título 42, así como el uso continuo de la política de la era Trump por parte de la administración Biden.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron medidas “para seguir reduciendo la migración ilegal en el hemisferio occidental, ampliar de manera significativa las vías legales de protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas migrantes”. Durante una rueda de prensa del 10 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también ofreció más detalles y aclaraciones sobre estas medidas.
“Estados Unidos reforzará la aplicación de las autoridades de inmigración del Título 8, de larga data, para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera de Estados Unidos ilegalmente y no tienen una base legal para permanecer”, dijeron el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una hoja informativa publicada en inglés el 10 de mayo. “Las personas que crucen la frontera suroeste de Estados Unidos sin autorización o sin haber utilizado una vía legal, y sin haber programado una hora de llegada a un puerto de entrada, se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo, salvo que se aplique una excepción. Si se les expulsa, se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y podrán ser objeto de enjuiciamiento penal por intento reiterado de entrada ilegal”.
Las nuevas medidas incluyen la ampliación del acceso a la aplicación CBP One mediante la transición a un nuevo sistema de programación de citas, el despliegue de apoyo a la Patrulla Fronteriza, aumentar el número de funcionarios de asilo para agilizar la tramitación y la construcción de 100 nuevos centros regionales de procesamiento en Centroamérica y Suramérica. Anteriormente, el DHS había anunciado nuevos procesos de permisos humanitarios (“parole”) para la reunificación familiar para personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, la duplicación del número de refugiados del hemisferio occidental y que brindaría más de 250 millones de dólares en ayuda adicional para las comunidades que reciben a los migrantes.
Las medidas para reducir la migración irregular también incluyen el aumento de expulsiones de “personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer”, y la imposición de consecuencias como la prohibición de reingreso durante cinco años y la presunción de inelegibilidad. Al realizar las entrevistas de “temor creíble” en una fase más temprana del proceso, DHS podría expulsar a personas que no califican más rápidamente.
La administración dijo que esta medida busca reducir las redes de tráfico de personas y animar a los migrantes a usar vías legales para ingresar a Estados Unidos. Varios defensores católicos de los inmigrantes condenaron la propuesta, diciendo que iba a limitar significativamente el asilo en Estados Unidos, y devolvería al peligro a personas ya vulnerables.
El 7 de mayo, Johanna Kelley, abogada experta en inmigración, le dijo a OSV News que ninguno de los dos títulos —42 y 8— favorece la migración irregular.
“Lo nuevo son las políticas de ejecución e implementación del Título 8, nuevo es lo que está haciendo el gobierno Biden de crear estos centros regionales, de generar unos caminos alternativos para detener la migración irregular, y estos procesos o procedimientos previos a la entrada a través de paroles, que son autorizaciones temporales para ingresar a los Estados Unidos”, expresó.
Ella se refería a los programas de reunificación mencionados y los programas para otorgar libertad condicional humanitaria (parole) a cierto número de migrantes que provienen de países que sufren inestabilidad política. Esto incluye a Cuba, Haití, Nicaragua, y Venezuela. Los migrantes de esos países que no apliquen en línea previamente, no tengan patrocinadores y [no] pasen la verificación de antecedentes serán expulsados.
Con relación al Título 8, que ha sido la norma para la migración a Estados Unidos durante décadas, Kelley explicó que alguien detenido bajo esta política estaría sujeto a una remoción expedita, lo cual significaría la remoción sin derecho a exponer su caso ante un juez de inmigración. Y en este escenario, “las autoridades migratorias en la frontera tienen la jurisdicción, capacidad y autoridad legal para procesar la remoción de las personas que intenten entrar sin autorización”, dijo.
Según el anuncio del 10 de mayo, las nuevas normas presumen que las personas no son elegibles para el asilo en la mayoría de los casos si cruzan la frontera ilegalmente o no solicitan refugio en otra nación antes de llegar a la frontera sur, lo que ha provocado comparaciones con una política de la era Trump. La normativa refleja un giro en la política de asilo de Biden.
Vanessa Joseph, abogada supervisora de los Servicios Legales Católicos en la Arquidiócesis de Miami, dijo a CBS News Miami, el 10 de mayo, que estos cambios traen “varias problemáticas de índole humanitario”.
Joseph añadió que el Título 8 se concibió originalmente cuando la población migrante que llegaba a Estados Unidos estaba formada en su mayoría por varones que venían en busca de oportunidades de trabajo, no las familias y las personas que solicitan asilo desde hace unos años.
La política de inmigración estadounidense suele diferenciar a quienes huyen de la persecución en otros países, de otros inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente. El cambio del 10 de mayo reduciría esa postura.
La abogada Kelley mencionó los riesgos a los que se expondría alguien que intente cruzar la frontera de manera irregular a partir del 12 de mayo. “Está sujeto a ser detenido, ser removido expeditamente y que le impongan una sanción de no poder pedir ingresar en cinco años y/o que lo detengan con cargos criminales por entrar irregularmente a los Estados Unidos”, dijo.
Kelley recomienda a aquellos migrantes que tienen un caso verdadero de asilo, que hagan el proceso a través de los centros regionales dispuestos para tal fin, y así mantener la oportunidad de entrar legalmente, y evitar los peligros del trayecto por cuenta, entre otros, de las mafias de tráfico de personas que operan en la frontera.
Asimismo, Kelley afirmó que si alguien cruza de manera irregular, estaría “sujeto a quedar inmediatamente excluido de la posibilidad de entrar regularmente y acogerse a los nuevos programas, porque lo que dice el gobierno es que, si a usted lo detienen y lo procesan bajo el Título 8, se presume que no tendría bases legales para el asilo, o sea, que se generaría una presunción legal en contra suya para pedir asilo. Las consecuencias son realmente nefastas”.
