By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami
El Arzobispo Thomas Wenski escribió originalmente esta columna para la publicación America Magazine. Apareció en la edición en línea del 2 de julio de 2020 de la revista. El Arzobispo Wenski preside el Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU.
El caso Espinoza vs el Departamento de Ingresos de Montana, decidido el 30 de junio de 2020 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, es una gran victoria para los defensores de la libre elección de escuelas. Apelando al texto de la “Enmienda Blaine” contenida en su constitución estatal, el Estado de Montana quería prohibir que las escuelas religiosas participaran en programas estatales de crédito fiscal, programas que estaban abiertos a todas las demás escuelas, públicas y privadas. La opinión de la corte es totalmente coherente con su decisión de hace tres años, en el caso Trinity Lutheran vs Comer, anulando la decisión de Missouri de excluir especialmente a las escuelas religiosas de un programa de renovación de los patios de recreo.
En 1875, el congresista James Blaine, influido por el movimiento anti-inmigrante y anticatólico “No saber nada” (“Know Nothing”) del siglo XIX, trató de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para cerrar efectivamente las escuelas católicas, que los obispos de Estados Unidos estaban construyendo en gran número como una alternativa a las escuelas públicas, entonces “protestantes”. Casi tuvo éxito; pero al no poder enmendar la Constitución de los Estados Unidos, unos 38 estados, incluido nuestro propio Estado de la Florida, adoptaron eventualmente “Enmiendas Blaine”, que prohíben el uso de fondos públicos para apoyar a las escuelas “sectarias” (es decir, católicas).
Si bien es común suponer que tal hostilidad ha disminuido, estos requisitos de “no ayuda” que restringen la distribución de fondos públicos a las instituciones religiosas permanecen en las constituciones de esos estados. La versión de Montana, eliminada aquí en su aplicación al programa de crédito fiscal del Estado, fue adoptada nuevamente en 1970, cuando 45 de sus 61 escuelas privadas eran católicas.
Las Enmiendas Blaine, como reconoce la opinión de la Corte Suprema, “nacieron de la intolerancia”. El magistrado Samuel Alito señaló en su opinión que el Ku Klux Klan se encontraba entre los partidarios más destacados de la fallida Enmienda Blaine original.
Al emitir su opinión, el magistrado Clarence Thomas observó que “las manifestaciones de este ‘desdén a la moda hacia las convicciones religiosas profundas’ seguramente persisten”. Y continuó: “Persisten en la denigración reiterada de aquellos que siguen adhiriéndose a los estándares morales tradicionales, así como a las leyes incluso remotamente influenciadas por tales estándares, como anticuados en el mejor de los casos y fanáticos en el peor. Mientras se mantenga esta hostilidad, fomentada por nuestra distorsionada comprensión de la Cláusula de Establecimiento (Establishment Clause), los derechos de libre ejercicio continuarán sufriendo”.
Esta reliquia sobreviviente de un anticatolicismo de otra época se niega a reconocer el inmenso bien público que nuestras instituciones católicas (hospitales, organizaciones de servicios sociales y escuelas) proporcionan a la sociedad, con un ahorro considerable para el contribuyente.
Si bien el Estado no debe favorecer a algunos grupos religiosos sobre otros, ni a las personas religiosas sobre las personas no religiosas, nuestra Constitución no debe exigir la discriminación contra las instituciones o personas religiosas. Hoy, los católicos y otras personas que eligen enviar a sus hijos a escuelas patrocinadas por la Iglesia son efectivamente penalizados por ejercer sus derechos naturales como padres: pagan dos veces por la educación de sus hijos: primero con sus impuestos para apoyar a las escuelas públicas y luego con sus pagos de matrícula, que no son deducibles de sus impuestos.
El fallo es de especial importancia para los esfuerzos de la Iglesia para servir a nuestras comunidades pobres y marginadas. No es una casualidad que el programa de becas de Montana en cuestión en el caso Espinoza, tenga como objetivo específico proporcionar ayuda a familias que enfrentan dificultades financieras y a estudiantes con discapacidades. En todo el país, las familias desatendidas dependen de programas de elección de escuela para ayudar a sus hijos a obtener una mejor educación, tanto para la mente como para el alma.
Como observó el tribunal: “Aprovechando la ‘duradera tradición estadounidense’, hace largo tiempo que hemos reconocido el derecho de los padres a ‘dirigir la educación religiosa’ de sus hijos. Muchos padres ejercen ese derecho enviando a sus hijos a escuelas religiosas, una opción protegida por la Constitución”.
El tribunal señaló que “la cláusula de ‘no ayuda’ de Montana prohíbe a las escuelas religiosas los beneficios públicos únicamente por el carácter religioso de las escuelas”.
Como argumentó la USCCB en la nota de apoyo que emitió sobre este caso: “Las escuelas que van más allá de la mera afiliación religiosa para integrar la religión en sus temas seculares, y a las familias que usan esas escuelas, lo hacen porque su identidad religiosa determina la educación”.
Esta decisión de la Corte Suprema podría brindar un necesario alivio a los padres y feligreses que apoyan nuestras escuelas católicas en beneficio de nuestros hijos y para el bien público.
Visto en términos generales, el fallo de la corte afirma el principio básico y sostenido por largo tiempo de que nuestro gobierno no puede discriminar a las personas o grupos religiosos simplemente porque son religiosos. Esto no debería ser objetable: si las cláusulas religiosas de la Primera Enmienda significan algo, seguramente es esto lo que significan.
