By Rocio Granados - La Voz Catolica
MIAMI | A Inés le preocupa no poder conseguir trabajo por su avanzada edad: tiene 72 años, vive sola y está a punto de perder su Estatus de Protección Temporal, TPS, que le permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Inés, cuyo nombre se ha cambiado aquí para proteger su identidad, dejó su natal Honduras por razones económicas en 1990. Desde su llegada a Estados Unidos ha trabajado haciendo limpiezas. Dice que ha pagado impuestos por 17 años, pero recientemente su pensión del Seguro Social le ha disminuido, y aunque recibe sellos de alimentos y seguro médico, no le alcanza para pagar la renta de la habitación donde vive.
Está enferma de la garganta, pero lo que más le inquieta es no saber qué va a pasar después de enero de 2020, cuando se le venza su TPS que logró renovar por última vez después de ser cancelado para todos los hondureños, el 4 de mayo de este año.
Regresar a Honduras, después de casi 20 años, no es una opción factible para Inés. “No es que no quiera regresar a mi país, es que no tengo nada allá, ni casa, ni nada”; además, la situación de violencia en que se vive en todo Centroamérica la hace temer por su seguridad.
Cuando finalice su TPS, “me tendré que mudar a la calle”, indicó Inés, ya que probablemente no pueda cobrar su pensión por estar indocumentada.
Como ella, alrededor de 86,000 hondureños están a punto de perder su protección, a pesar de que el 3 de octubre pasado, el juez federal Edward Chen, de California, detuviera temporalmente la cancelación del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, por considerarlo una violación a la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de Estados Unidos.
Se encontraron pruebas sustanciales, señaló el juez, de que la decisión del gobierno de cancelar el programa estuvo motivada por prejuicios raciales, y la terminación supondría un “daño irreparable” para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar Estados Unidos.
Este fallo esperanzador se logró mediante una demanda colectiva presentada en marzo pasado, y no incluye a los beneficiarios de Honduras porque en ese momento no se había cancelado la protección para ellos, pero se espera que las mismas defensas legales que se usaron para los otros países se apliquen para los hondureños. El gobierno ha apelado contra la decisión del juez Chen, pero aún no hay fecha para escuchar la apelación, por lo que los permisos han sido validados automáticamente por seis meses o más.
El tribunal no ha ordenado que se restablezca el programa TPS completamente. Esta orden judicial sólo significa que el TPS debe mantenerse mientras avanza el litigio relacionado con la legalidad de su terminación.
Activistas de inmigración han exhortado a los beneficiarios del TPS que aún no han renovado sus inscripciones a hacerlo lo más pronto posible. “Ésta es su última oportunidad. Si no la aprovechan estarían totalmente desprotegidos”, dijo en un comunicado de prensa Marleine Bastien, directora ejecutiva de Family Action Network Movement, FANM (Movimiento de la Red de Acción Familiar), una organización sin fines de lucro de la comunidad haitiana.
Pero, para reinscribirse hay que demostrar una razón válida de por qué no se hizo antes de que se venciera el plazo. El miedo o la confusión son razones válidas para poder reinscribirse.
“Se recomienda que las personas que estén en esa situación busquen un abogado para que se pueda determinar si hay algún otro tipo de beneficio que los ayude”, dijo Ana Quirós, abogada de Catholic Legal Services de la Arquidiócesis de Miami. Quirós agregó que han visto a una gran cantidad de personas que nunca han hablado con un abogado y no sabían que eran elegibles para obtener una residencia legal permanente.
Por ejemplo, el ser víctimas de algún tipo de delito podría otorgarle una visa U. O si tienen un familiar que sea ciudadano estadounidense y los pueda reclamar como beneficiarios inmediatos. Pero esos casos los debe de revisar un abogado.
Debe quedar claro que “el TPS nunca dará la residencia salvo en el Sexto (Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) y Noveno Circuitos (Alaska, Washington, Oregón, California, Montana, Arizona, Idaho y Nevada), donde se emplea el TPS como si fuera una admisión al país, pero de todas maneras esas personas tienen que ser parientes de otras personas que las puedan reclamar”, indicó Quirós.
Si el TPS llegara a su fin, se cree que los más afectados serían los niños, ciudadanos estadounidenses e hijos de los beneficiarios de TPS. Se calcula que son alrededor de 273,000 que podrían quedarse solos en el país o se enfrentarían a vivir en países que no conocen, cuyo idioma no dominan en la mayoría de los casos, y cuyos índices de violencia y criminalidad son los más altos en el hemisferio.
En una conferencia de prensa junto a grupos civiles, el Arzobispo de Miami, Thomas Wenski, dijo el 23 de junio que deportar a los inmigrantes que perdieran su protección de, TPS “sería una tragedia para todo el país”, ya que se trata de inmigrantes con hijos estadounidenses o casados con ciudadanos de este país.
Hizo un llamado al Congreso para buscar “una solución permanente” para los beneficiarios del TPS, para que no tenga que repetirse el drama de la separación de familias en la frontera con México.
Significaría además pérdidas económicas para el país, ya que un informe del Centro de Estudios sobre Migración señala que más del 80 por ciento de los beneficiarios del TPS trabajan y pagan sus impuestos.
El TPS es un programa de protección contra la deportación que otorga permisos de trabajo y beneficia a alrededor de 300,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Nepal, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.
Fue instituido en 1990 para proteger a las personas de países afectados por desastres naturales y/o conflictos armados que ya estuvieran en Estados Unidos.
En noviembre de 2017, el gobierno anunció la terminación del programa, argumentando que las condiciones de esos países ya han mejorado.
Un informe del Departamento de Estado sobre las condiciones de Nicaragua, El Salvador, Haití y Honduras señala que ninguno de esos países está preparado para recibir a los beneficiarios del TPS que se vieran obligados a regresar a sus lugares de origen.
Según los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, los grupos más numeroso de beneficiarios de TPS son, en primer lugar, los salvadoreños (alrededor de 262,000), seguidos de los hondureños (unos 86,000), 58,000 haitianos y 5,000 nicaragüenses.
MÁS INFORMACIÓN
Catholic Legal Services ofrece seminarios y sesiones de “Conozca sus Derechos” cada fin de semana, en diferentes lugares del Sur de La Florida, donde se puede consultar a abogados de inmigración.
Si desea contactar a Catholic Legar Services de la Arquidiócesis de Miami puede hacerlo a través de su página web: http://www.cclsmiami.org/, o en su oficina principal en:
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Teléfono: 305-373-1073.
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