Estados Unidos encarcela a m�s personas per c�pita que cualquier otra naci�n en el mundo, a un costo de aproximadamente $80 mil millones anuales. En el 2011, aproximadamente siete millones de personas se encontraban bajo alguna forma de control correccional, con 2.2 millones de presos en las c�rceles federales, estatales o locales.

Seg�n el Departamento de Correcciones de La Florida, en enero del 2014 La Florida albergaba a 100,445 reclusos en 55 prisiones estatales y siete prisiones privadas. El costo medio anual para los residentes de La Florida por el encarcelamiento de una persona es de $17,338 al a�o, y el condado de Miami-Dade est� a la cabeza en el n�mero de condenados.

Los hispanos tienen el doble de probabilidades de ser encarcelados que los blancos, y si las pr�cticas actuales de encarcelamiento se mantienen, uno de cada tres hombres afroamericanos puede ir a la c�rcel en alg�n momento de su vida.

Varios factores han contribuido a estas estad�sticas alarmantes.

La sentencia m�nima obligatoria, una mayor penalizaci�n de los delitos no violentos, la lucrativa industria de las prisiones privadas y las severas pol�ticas contra el delito, que llevan a los delincuentes juveniles al sistema penitenciario a edades cada vez m�s j�venes, desempe�an un papel en el aumento del n�mero de encarcelamientos. Adem�s, el crecimiento, durante los �ltimos a�os, de la industria de las prisiones privadas con fines de lucro, tambi�n ha creado, seg�n argumentan algunos, un perverso incentivo que favorece el encarcelamiento sobre otras alternativas posibles .

Las sentencias rigurosas no s�lo son costosas, sino que a menudo resultan perjudiciales para el bien de las familias y las comunidades. El encarcelamiento prolongado contribuye a mayores tasas de reincidencia, inestabilidad familiar y pobreza. El castigo, con el fin de que promueva la vida y la dignidad humanas, debe promover la rehabilitaci�n del delincuente y su restituci�n a la sociedad como un miembro productivo de �sta.

Personas de las m�s diversas perspectivas pol�ticas y religiosas est�n comenzando a cuestionar las severas pr�cticas penales de nuestro pa�s. Los senadores Dick Durbin (D -IL) y Mike Lee (R -UT ) han presentado un proyecto de Ley, The Smarter Sentencing Act (S. 1410), o Ley Penal M�s Inteligente, que busca implementar reformas modestas de las sentencias m�nimas obligatorias, ampliando las opciones de penalizaci�n judicial, espec�ficamente, para los delitos de drogas no violentos. El proyecto de ley permitir�a reducciones en las sentencias obligatorias para ciertos delitos de drogas, y permitir�a que quienes cometan delitos vinculados al consumo de crack procuraran recibir penas m�s leves conforme a la Fair Sentencing Act (Ley de Sentencias Justas) del 2010.

El gobierno establece acertadamente leyes para proteger a las personas y promover el bien com�n. Pero los costos humanos y financieros de la encarcelaci�n en masa est�n socavando el bien com�n, y hacen poco para proteger a la ciudadan�a. Es contraproducente el invertir grandes cantidades de recursos en encarcelar a los delincuentes no violentos. En lugar de ello, el gobierno y la sociedad civil deber�an promover programas eficaces para la prevenci�n del delito, la rehabilitaci�n, los esfuerzos de educaci�n, el tratamiento del abuso de sustancias, y los programas de libertad condicional, libertad bajo palabra y reintegraci�n.

Como ha dicho el Papa Francisco, �Dios est� en la vida de todos. Incluso si la vida de una persona ha sido un desastre, incluso si se destruye por vicios, drogas o cualquier otra cosa, Dios est� en la vida de esa persona�. En lugar de �echar a un lado� a las personas quebrantadas, deber�amos busca maneras de rehabilitarlas y de reintegrarlas a la sociedad en general .

La contrici�n, la restituci�n, la rehabilitaci�n, pueden servir mejor a la causa de la justicia que el simple castigo por el castigo mismo. Es hora de buscar la sanaci�n y de iniciar el di�logo, tan largamente pospuesto, sobre c�mo reparar la inoperante pol�tica penal de nuestro pa�s.