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Los jóvenes de DACA 'no sabíamos que veníamos ilegalmente'

Sigue sin una decisión final el futuro de DACA

Jóvenes soñadores y activistas en favor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, después de la marcha y frente al centro de detención de menores en Homestead, en junio pasado, contaron sus historias personales y pidieron al gobierno finalizar la separación de familias, las deportaciones arbitrarias y lograr una reforma migratoria integral.

Fotógrafo: ROCIO GRANADOS | LVC

Jóvenes soñadores y activistas en favor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, después de la marcha y frente al centro de detención de menores en Homestead, en junio pasado, contaron sus historias personales y pidieron al gobierno finalizar la separación de familias, las deportaciones arbitrarias y lograr una reforma migratoria integral.

MIAMI | Tenía 5 años y en el camino cumplió 6, recuerda Jensy Chacón cuando cruzó con su mamá la frontera estadounidense por México.

No recuerda mucho del camino que recorrió desde su natal Honduras, “solo me acuerdo pasando un río, como en una llanta y nos agarró Inmigración”, cuenta Chacón.

Uno de sus claros recuerdos es haber llegado en autobús a reencontrarse con su papá, que ya vivía en Miami.

Hasta los 10 años no supo que estaba en el país de forma ilegal. Lo descubrió cuando habló con un amigo al que continuamente molestaban sus compañeros con llamar a “la Migra”, porque no tenía una “Green Card” (tarjeta de residencia permanente). Cuando Chacón le preguntó por qué le decían eso, “me dijo: porque él había venido ilegalmente. Y así me di cuenta de que yo estaba en la misma situación”.

Desde entonces dice haber crecido con miedo de la policía, de que deporten a sus padres o a ella misma.

Actualmente, a sus 18 años, no recuerda por qué sus padres la trajeron. “Honestamente, no creo que fue una decisión mía. No fue culpa de nosotros (los jóvenes que llegaron de niños al país), nosotros no sabíamos que veníamos ilegalmente”, indicó Chacón.

En junio pasado se graduó de la escuela secundaria. Pasó el examen de Certified Nurse Assistant, CNA (asistente de enfermera certificada), y ya trabaja en una clínica local, pero su sueño es estudiar medicina en la universidad.

Un sueño que está cerca de cumplir, pues el año pasado se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que la protege de la deportación y que además le otorga un número de seguro social, una identificación del Estado donde reside, licencia de conducir, permiso de trabajo y seguro médico.

Chacón dice sentirse finalmente más tranquila y agrega que aún como beneficiaria de ese programa, todavía tiene que pagar toda la pensión estudiantil de su bolsillo, porque no califica para la ayuda financiera del gobierno.

Cancelación y restitución parcial

“Al menos tengo algo que me deja quedar aquí para estudiar. Si no tuviera DACA, ¿qué hubiera hecho?”, dice Chacón, pero al mismo tiempo le preocupa el futuro del programa, ya que a un año de su cancelación —el 5 de septiembre de 2017— por la actual administración del presidente Donald Trump, en varias cortes federales todavía se está peleando sobre si el programa continúa o se cancela definitivamente.

El más reciente logro para los defensores del programa DACA se obtuvo el 31 de agosto pasado, cuando el juez federal Andrew Hanen, de Houston, Texas, negó la petición de 10 Estados, encabezados por Texas, de cancelar DACA y dictaminó que el programa es legal, y que el gobierno debe continuar procesando las solicitudes de renovación de dos años de protección de deportación y permisos de trabajo para los beneficiarios ya inscritos en el programa.

Estos 10 Estados demandaron en mayo pasado al gobierno pidiendo la cancelación en su totalidad de DACA, por considerarlo ilegal e inconstitucional. Argumentaron que el expresidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo para cambiar la ley de Inmigración sin la autorización del Congreso.

Aunque el juez reconoció válidos los argumentos de estos Estados, considera que tomaron mucho tiempo en cuestionar la legalidad del programa y, debido a que DACA ha estado en vigor por 6 años, el Estado de Texas no puede afirmar que sufriría un daño irreparable si se permite que el programa continúe por varios meses más.

La demanda surgió luego de que, en abril, un tercer fallo favorable a DACA, esta vez de la corte federal de Washington, D.C. ordenó restituir el programa en su totalidad, y le dio un plazo de 90 días al gobierno para que presente nuevos argumentos de por qué no se debe aceptar nuevas solicitudes.

Este fallo de la corte se produjo por una demanda presentada en noviembre de 2017, en la que se argumentaba que la cancelación del programa violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.

En marzo, un juez federal de Maryland le dio la razón al gobierno de cancelar DACA, asegurando que tenía la potestad de hacerlo si así lo determinaba, pero señaló que la mayoría de los estadounidenses aprueban este programa de protección para los jóvenes “dreamers” o “soñadores”, e indicó que es una acción que la Casa Blanca o el Congreso deben resolver. Este último, en enero pasado debatió sin éxito una solución permanente para los “soñadores”.

Antes de este fallo, en febrero, la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, ratificó el fallo de restablecimiento del programa que emitió la corte de California en enero pasado, pero sin la aceptación de nuevas aplicaciones.

Este primer fallo de la corte de California, de que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de los procesos, se dictaminó por una demanda presentada en noviembre del año pasado por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los Estados de Maine, Minnesota y Maryland.

Los alcances de DACA

Desde agosto de 2012, cuando el entonces presidente Obama aprobó la creación del programa DACA, considerando que los jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños, “se criaron como estadounidenses y se sienten parte del país”, hasta su cancelación en septiembre de 2017, el programa benefició a más de 82,000 jóvenes “soñadores” que llegaron a solicitar su inscripción.

El programa no proporciona estatus legal permanente ni ciudadanía, sólo difiere por un plazo de dos años sujeto a renovación la protección contra la deportación, y requiere el cumplimiento de varias condiciones para su aceptación.

Si bien es cierto que el último fallo judicial fue favorable a DACA, esto no significa que el programa sea seguro. No se sabe hasta cuándo estarán disponibles las renovaciones, y está cerrado para los nuevos solicitantes. Se espera que sea el Tribunal Supremo quien decida si el gobierno tenía la autoridad legal para cerrar el programa en el 2017.

A los beneficiarios actuales “se les recomienda hacer las renovaciones aunque sean un poco prematuras (tengan más de 150 días para su próxima renovación)”, dijo Ana Quirós, abogada de Catholic Legal Services de la Arquidiócesis de Miami.

Quirós agregó que en las cortes se está peleando para que se acepten nuevas aplicaciones para los jóvenes que no tenían la edad para solicitar el DACA hasta la fecha en que se cerró el programa, o que no lo hicieron por otros motivos.

Hay miedo y desconfianza

Aunque el no renovar DACA significa perder su protección contra la deportación y sus permisos de trabajo, entre otras cosas, un gran número de beneficiarios de DACA cuyas protecciones expiran este año no están renovando sus solicitudes, muchos por razones económicas y otros por temor.

“No quieren que el Servicio de Inmigración tenga los datos actuales de ellos”, indicó Quirós.

Tampoco los de sus familiares. “No sabemos qué es lo que va a pasar con DACA, unos dicen que somos merecedores y otros que no, o sea, a los que tenemos DACA nos hacen escoger entre ser protegidos y nuestros padres, o las personas que no son cubiertas por DACA. No estoy dispuesta a exponer a mi familia para que yo me pueda proteger”, dijo Nanci Palacios, una “soñadora” de la diócesis de St. Petersburg, en La Florida, que fue invitada a reunirse y compartir su historia con los Obispos estadounidenses durante la asamblea general de primavera en Fort Lauderdale, en junio pasado.

“Estoy pidiendo que los obispos alcen su voz, el momento en el que estamos requiere de ese liderazgo fuera de las iglesias, fuera de las cuatro paredes, porque están atacando la integridad de nuestras familias”, agregó Palacios.

Los obispos por su parte, desde el inicio de la asamblea, trataron el tema de la inmigración como uno de los puntos más importantes e inmediatos a resolver en su agenda.

Consecuencias de la cancelación definitiva de DACA

El 92 por ciento de los beneficiarios de DACA actualmente trabaja, según un estudio de la Universidad de California; United We Dream; el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el Center for American Progress, realizado del 16 de julio al 7 de agosto de este año.

Con DACA han podido obtener trabajos mejor pagados, han podido adquirir carros, casas, pagan impuestos, en general contribuyen positivamente a las economías locales.

Según el mismo estudio el 40 por ciento estudia, y perder DACA significaría menos accesibilidad a la educación superior.

Para Randolph McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services de Miami, los beneficiarios de DACA trabajan arduamente, no se meten en problemas y contribuyen a nuestra economía en sus comunidades. El entrar al país sin autorización “no es una violación criminal, es una infracción civil, similar a una multa de estacionamiento o por alta velocidad” y “está mal no sancionarlos, pero, lo que se necesita hacer es encontrar una sanción del tamaño de esa infracción”.

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