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Fundamentalemente iguales

Activistas y ciudadanos con estatus de protección temporal (TPS) se reúnen cerca de Capitol Hill pidiendo que el Congreso apruebe la Ley de Ambiente Seguro para países bajo represión y en emergencia (SECURE) el 14 de abril de 2021 en Washington, DC. La Ley SECURE permitiría a los beneficiarios calificados de TPS solicitar la residencia legal permanente.

Fotógrafo: Drew Angerer | Getty Images

Activistas y ciudadanos con estatus de protección temporal (TPS) se reúnen cerca de Capitol Hill pidiendo que el Congreso apruebe la Ley de Ambiente Seguro para países bajo represión y en emergencia (SECURE) el 14 de abril de 2021 en Washington, DC. La Ley SECURE permitiría a los beneficiarios calificados de TPS solicitar la residencia legal permanente.

La situación de millones de hombres y mujeres, de ancianos, jóvenes y niños que, en el mundo de hoy, se ven obligados o son forzados a dejar sus lugares de origen, sus pueblos o naciones, por muchas y muy variadas causas (conflictos, violencia, corrupción administrativa, desempleo, desastres naturales, persecución política, etc.) para migrar y refugiarse en otros lugares de la tierra, en busca de mejores condiciones de vida, es un signo de nuestros tiempos que clama al cielo y que se convierte en una vergüenza para la humanidad, porque — en la inmensa mayoría de los casos— los gobiernos de las naciones tanto de origen como de destino de las oleadas migratorias no han encontrado ni dado soluciones dignas, humanas y definitivas al grave problema humanitario que el fenómeno representa.

Diríamos que éste es, si no el mayor, uno de los mayores y peores dramas que la humanidad enfrenta hoy en muchos rincones del planeta. Estados Unidos no escapa a este fenómeno. Muy por el contrario, esta nación —durante toda su historia— es uno de los principales puntos de atracción para grandes oleadas migratorias.

El Papa Francisco, quien desde el primer día de su pontificado ha mostrado gran sensibilidad humana, enorme preocupación e interés por el tema y por la grave situación de los migrantes en el mundo, nos ha enseñado, con una enorme cantidad de mensajes e intervenciones al respecto, que para enfrentar y darle humana y adecuada solución al problema, hemos de solucionar, primero, nuestros miedos y prejuicios, nuestras intolerancias y muros interiores, para —entonces sí— abrirnos en compasión y amor a todos, para ser capaces de sentir empatía con nuestros semejantes, para ser capaces de tener respeto, justicia y misericordia con todos los seres humanos, con los fundamentalmente iguales en todo a nosotros, para ser capaces de no excluir y no discriminar a nadie y de poner de primeros a los últimos, de crear espacios de dignidad para los “descartados” y los que más sufren en nuestras sociedades, para ser capaces de construir el mundo como una gran mesa y la tierra como nuestra casa, la casa de todos.

Son ya más de tres décadas el tiempo que llevamos en esta nación propugnando una solución radical y definitiva al tema de la inmigración indocumentada, compuesta por millones de hombres y de mujeres que, por ese mismo tiempo y más décadas, arriban a este país, buscando mejores condiciones de vida para su presente, su futuro y el de los suyos, aquí y en sus lugares de origen, aportando con su trabajo al desarrollo y progreso de esta gran nación.

Pero, a falta de regulación y documentación que les permita vivir y ejercer como ciudadanos, con todos sus derechos humanos y civiles amparados por la Ley y la Constitución, se ven forzados a vivir en la sombra, como en un submundo, en una subcultura en la que millones de hombres, mujeres y familias enteras de migrantes indocumentados viven sometidos a la incertidumbre, a abusos, persecuciones, discriminaciones, explotación laboral, marginación social, faltas de oportunidades y de libre acceso a los beneficios sociales, a toda clase de injusticias y violencias.

Estados Unidos ha sido – al mismo tiempo y por décadas, para el mundo— ejemplo de democracia, por el respeto a la ley y a los derechos humanos. El panorama antes descrito, sobre la situación en que viven millones de indocumentados en este país, a todas luces inhumana, desigual e injusta, es hipócrita, riñe y contradice los principios fundantes de esta nación y de la Constitución que nos rige. Por ello urge –sin más treguas ni dilaciones— una solución humana, digna, razonable, concertada, integral, definitiva y pronta. Continuar sin solucionar este tema político-social de tanta envergadura, significa postergar una situación insostenible por inhumana, aplazar condiciones de vida digna para millones y diferir la vergüenza nacional que tal situación significa para esta nación y ante los ojos del mundo.

Todos los partidos y gobiernos que en las últimas décadas han dirigido la vida de esta nación han hablado del tema migratorio como un asunto prioritario en el plano electoral, económico, cultural, político y social. Pero la solución no ha llegado. No llega. Es verdad que se trata de un tema de enorme complejidad por las muchas aristas y dimensiones que contiene e implica: porque –de parte de los políticos– se convirtió en un tema popular y de oportunismo y conveniencia electorera que hay que mantener vigente.

De parte de los empleadores, no les convienen soluciones legales que les obligarían a pagar más y lo justo a sus empleados. De parte del pueblo norteamericano, son muchos los miedos y prejuicios (complejos de superioridad o de inferioridad, prejuicios raciales y culturales, temores laborales) que posibilitan rechazo y discriminación en vez de aceptación y acogida. De parte de los inmigrantes indocumentados, porque olvidan lo importante por solucionar lo urgente: por dar solución inmediata a sus necesidades económicas abandonan luchas más importantes para sus mejores condiciones de vida a largo plazo y convierten su estancia en el país en un aprovechamiento económico en vez de una integración con la nueva nación que los acoge. De parte de los gobernantes de las naciones-origen de la migración: una solución definitiva en Estados Unidos para sus poblaciones migrantes que les solucionaría o al menos les aliviaría su negligencia y corrupción administrativa.

Pero, precisamente, esta complejidad del tema en cuestión desafía nuestra grandeza como nación para que, entre todos, mediante un dialogo franco, abierto y un consenso nacional, seamos capaces de encontrar una solución humana, digna e integral. Solución para todo y para todos. Solución para la totalidad de las dimensiones humanas de cada persona migrante indocumentada (vivienda, educación, empleo, integración política social y cultural a la sociedad norteamericana, etc.) de sus familias y de todos los migrantes provenientes de las más diversas naciones, presentes en este país.

La inmensa mayoría de los migrantes indocumentados en los que aquí pienso son mujeres y hombres nobles y buenos, trabajadores abnegados, merecedores de mejor vida, que pasaron la frontera o se quedaron a vivir en este país, desde hace muchos años, sin la documentación requerida; hombres y mujeres que pagan impuestos, pero no ven retribuidos sus esfuerzos y aportes al progreso de la nación con leyes y beneficios sociales. Con todo, prefieren soportar los nuevos abusos a los que los somete nuestro país antes que volver a las peores condiciones de vida que abandonaron. Y como en toda sociedad y comunidad humana hay también –cómo negarlo— una inmensa minoría entre ellos que a su situación de indocumentados suman la situación de ilegales por infracciones a las leyes o crímenes que cometen.

Urge pues, lo repito, atención real de toda la nación a este grave problema. Urge legalizar la situación de millones de indocumentados en los Estados Unidos. Todo abuso, inequidad e injusticia que a este respecto continúe ocurriendo en nuestro suelo nos recordará que no hemos sido capaces, que no lo hemos hecho bien y que nuestros líderes, políticos y gobernantes no estuvieron ni están a la altura de las circunstancias y de las exigencias de nuestra vida como nación. Urgen menos protestas y más propuestas.

Urge el concurso de todos para superar –de una vez por toda – esta mancha y vergüenza de nuestro ser y quehacer como pueblo norteamericano. Estados Unidos no puede continuar siendo una nación con habitantes de primera, quinta y última categoría. Urge que todos los habitantes de los Estados Unidos, fundamentalmente iguales, vivamos en equidad y justicia, por la igualdad de condiciones de vida para todos y de acceso a los mismos beneficios y oportunidades sociales.


Mario J. Paredes, presidente ejecutivo de SOMOS Community Care: una red de 2,500 médicos independientes —en su mayoría, de atención primaria— que atienden a cerca de un millón de los pacientes más vulnerables del Medicaid de la Ciudad de Nueva York.


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