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Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON (OSV News) — La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 25 de junio que la administración Trump puede poner fin al programa que protegía temporalmente de la deportación a inmigrantes haitianos y sirios elegibles que viven en Estados Unidos.

Previamente, la administración Trump había solicitado al máximo tribunal suspender los fallos de jueces federales que impedían al gobierno revocar la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria. En ese momento, los obispos católicos de Estados Unidos y otros defensores de los inmigrantes habían pedido que se mantuviera el TPS para los haitianos elegibles debido a las persistentes condiciones de inseguridad en ese país.

La designación de TPS otorga al gobierno estadounidense la facultad de proteger de la deportación a inmigrantes elegibles procedentes de países afectados por condiciones peligrosas, como guerras, desastres naturales u otros conflictos. La decisión de la Corte podría tener amplias repercusiones para quienes actualmente cuentan con este estatus, entre ellos unos 350.000 haitianos —una población con una importante presencia de católicos— que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo este programa. En total, alrededor de 1,3 millones de personas procedentes de 17 países cuentan actualmente con TPS.

Al escribir la opinión mayoritaria de 6 votos contra 3, el juez Samuel Alito señaló que, en los casos relacionados con Haití y Siria, la Corte debía decidir si estos países "tienen derecho a órdenes judiciales que pospongan la terminación del TPS mientras continúa el litigio. Concluimos que no".

Alito sostuvo que los tribunales inferiores se excedieron en su autoridad al impedir que el gobierno federal revocara la designación de TPS para esos países.

Durante los argumentos orales celebrados en abril sobre ambos casos, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que la Corte debía poner fin a lo que calificó como una "microgestión judicial" de decisiones de política exterior que, según afirmó, corresponden a "las ramas políticas" del gobierno.

Sin embargo, Geoffrey M. Pipoly, abogado que representó a los migrantes haitianos beneficiarios del TPS, citó declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las que calificó a personas provenientes de Haití y de otros "países no blancos" como "asesinos, parásitos y dependientes de beneficios sociales", afirmando además que "no los queremos, ni a uno solo". Pipoly sostuvo que esos comentarios, especialmente al compararlos con otras acciones del gobierno que priorizaron específicamente el otorgamiento del estatus de refugiado a sudafricanos blancos, evidenciaban una conducta discriminatoria.

No obstante, Alito rechazó el argumento de que la decisión estuviera motivada por razones raciales, al considerar que ese era "el único reclamo constitucional" del caso. Según escribió, "la actual administración, que ha puesto fin a todas las designaciones de TPS que han llegado a renovación, simplemente se opone al programa TPS, al menos tal como se ha implementado hasta ahora".

En una opinión disidente, la jueza Elena Kagan sostuvo que "la mayoría afirma no encontrar evidencia de que la raza haya desempeñado algún papel en la decisión sobre Haití. Pero esa evidencia está ahí, a la vista de todos, en las declaraciones del presidente, que la mayoría (y, de hecho, incluso sus propios abogados) ni siquiera se atreve a repetir".

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene advertencias de viaje para ambos países, clasificándolos como "Nivel 4: No viajar", debido a los riesgos de violencia.

Kevin Appleby, investigador principal de políticas y comunicaciones del Center for Migration Studies de Nueva York y exdirector de políticas migratorias de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), declaró a OSV News que "estas decisiones respaldan políticas que enviarán a seres humanos de regreso a situaciones inestables y peligrosas".

"Hoy la Estatua de la Libertad derrama una lágrima", afirmó.

Por su parte, Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, organización que promueve la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en las políticas y prácticas relacionadas con la frontera entre Estados Unidos y México, dijo a OSV News que este fallo, junto con otra decisión que permite rechazar solicitantes de asilo en la frontera antes de que ingresen al país, "otorga carta blanca a la administración para continuar su ofensiva contra la migración legal".

"Las protecciones de asilo en la frontera y el TPS son instrumentos legales que brindan protección a las personas más vulnerables", señaló Corbett. "Devolver a las personas a situaciones de peligro no supera la prueba moral de la compasión y la justicia, y no hace nada para resolver la necesidad de reformar nuestras leyes migratorias. El costo humano, económico y moral de políticas de deportación tan amplias es inmediato y tendrá consecuencias de gran alcance. Es indispensable una reforma migratoria significativa y humana, y la voz mesurada y fundamentada de la Iglesia Católica debe seguir ocupando un lugar central en esa conversación nacional".

La doctrina social de la Iglesia sobre inmigración busca equilibrar tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a migrar para sostener su vida y la de sus familias; el derecho de los países a regular sus fronteras y controlar la inmigración; y el deber de las naciones de ejercer ese control con justicia y misericordia.

— — —Kate Scanlon es periodista nacional de OSV News y cubre la actualidad de Washington.