By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami

El 12 de noviembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los argumentos sobre la legalidad de una orden ejecutiva de la era Obama, llamada DACA por su sigla en inglés: Deferred Action on Childhood Arrivals(Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que otorgó un estatus cuasi legal a aproximadamente 800,000 personas que llegaron a los Estados Unidos en un estado inmigratorio irregular, o cayeron en tal estado cuando todavía eran niños. Si se rescinde DACA, unas 800,000 personas estarán sujetas a deportación potencial.

Muchos de estos DREAMERS (Soñadores), como se les conoce, son miembros de nuestras parroquias y comunidades más amplias en el Sur de La Florida. Son nuestros compañeros de trabajo, y contribuyentes fiscales como el resto de nosotros. Algunos son veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y para ser elegibles para DACA, tenían que demostrar que estaban en la escuela secundaria o que se graduaron de la secundaria, y que tenían un historial limpio, sin antecedentes penales. Puesto que llegaron aquí siendo niños, traídos por sus padres, no se les puede culpar por su estado inmigratorio irregular, y la mayoría conserva pocos recuerdos de sus países de origen.

Los esfuerzos de la administración Trump para poner fin a DACA han sido obstaculizados por los tribunales, razón por la cual el problema se está discutiendo en la Corte Suprema, cuya decisión está prevista para la primavera.

El presidente Obama no apoyó originalmente la medida de DACA, porque no estaba seguro de tener la autoridad legal para implementarla. Pero cuando el Congreso no aprobó una versión de lo que se ha dado en llamar la DREAM ACT, Obama emitió DACA, que en líneas generales se basa en las disposiciones de la DREAM ACT, argumentando que la medida estaba dentro de la “discreción procesal” del ejecutivo para otorgar un alivio temporal a esta clase especial de personas, es decir, a los menores que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres sin estatus legal. Un intento similar de ampliar esta “discreción procesal” a los padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, llamado DAPA (Acción Diferida para Padres de Americanos), fue detenido por los tribunales y nunca se implementó.

Si bien los beneficiarios de DACA no se consideran como “ilegalmente presentes” en los Estados Unidos, no tienen un estatus legal permanente ni un camino hacia la ciudadanía estadounidense. De hecho, el estado de DACA debe renovarse cada dos años a un costo de $495. Pero perder DACA les costará más a ellos y a nuestro país. Sin permisos de trabajo y sujetos a deportación, perderían sus empleos; privados de un trabajo remunerado, se verían obligados a volver a las sombras. Por otra parte, muchos han creado familias, y más del 70% de los beneficiarios de DACA tienen cónyuges o hijos que son ciudadanos estadounidenses. La deportación provocaría una separación innecesaria de las familias.

La Corte Suprema tomará su decisión según los méritos de la ley. Pero el Congreso hace la ley. Por lo tanto, la solución para la difícil situación de los Soñadores y de otros inmigrantes en situación similar, recae en el Congreso. El Congreso ha eludido en gran medida su responsabilidad: la última vez que el Congreso debía tomar una decisión sobre los Soñadores, una orden judicial que prohibía el plan de la Administración para terminar con DACA, eliminó la presión, permitiendo a los legisladores, una vez más, “hacerse de la vista gorda”.

No importa cómo se pronuncie la Corte Suprema: el Congreso debe actuar ahora. La Cámara aprobó un proyecto de ley, HR 6, que ofrece un camino para los Soñadores y los titulares del TPS (Estatus de Protección Temporal), como ciertos salvadoreños, hondureños y haitianos. El Senado debe actuar ahora y aprobar una nueva versión de la DREAM ACT (S. 814), y luego ambas cámaras pueden trabajar para conciliar el lenguaje de los proyectos de ley en consideración.

Los Soñadores y los miembros estadounidenses de sus familias necesitan una resolución de su estado ahora. Estos jóvenes, que ya están contribuyendo positivamente a nuestra nación, sin duda hablan como estadounidenses. (Han sido educados aquí, en los Estados Unidos, y hablan inglés, en la mayoría de los casos, mejor que el idioma de sus padres). Piensan como estadounidenses y, como estadounidenses, aman a este país (algunos han servido en el ejército). ¿No deberíamos darles la oportunidad de SOÑAR como estadounidenses?