By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami

El gobernador Scott ha firmado su primera sentencia de muerte. Aunque prevista inicialmente para el 2 de agosto, un aplazamiento concedido por la Corte Suprema de la Florida para revisar el protocolo de inyecci�n letal aplazar� la ejecuci�n de Manuel Valle hasta el 1ro. de septiembre. Gracias a la intervenci�n de la Corte Suprema, el gobernador Scott tiene la oportunidad de reconsiderar su decisi�n �y yo, y conmigo los otros obispos de la Florida, le instamos a hacerlo.

Manuel Valle fue declarado culpable de derramar sangre inocente �la de un agente de la polic�a, Luis Pe�a. Tambi�n intent� dispararle a otro agente, Gary Spell. Estos cr�menes son atroces �pero se cometieron hace m�s de 30 a�os. Despu�s de 30 a�os, �es necesario que el Estado de la Florida mate a este hombre? �Responde la sociedad de manera coherente en contra de matar, matando?

El argumento ha sido que la aplicaci�n de la pena de muerte representa la leg�tima defensa de la sociedad contra un agresor injusto, es decir, el asesino. E, hist�ricamente, la Iglesia ha concedido que el Estado puede aplicar la pena capital cuando sea absolutamente necesaria, es decir, cuando no le sea posible defenderse de otro modo. No hay, en las Ense�anzas de la Iglesia, una equivalencia moral entre la ejecuci�n de los culpables tras el debido proceso legal, y la destrucci�n deliberada de la vida inocente que se practica con el aborto o la eutanasia. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II ha se�alado en la Evangelium Vitae (no. 56): teniendo en cuenta la organizaci�n del sistema penal actual y la posibilidad de imponer la cadena perpetua sin opci�n de libertad condicional, que tal �necesidad absoluta� es �pr�cticamente inexistente�.

Adem�s, es dif�cil defender la �necesidad� de ejecutar a alguien, cuando a su c�mplice, a cambio de informaci�n o de prestar testimonio, se le da con frecuencia, mediante la negociaci�n de los cargos, una sentencia menor. Y, aunque algunos seres queridos de las v�ctimas la piden�, es dif�cil ver c�mo la pena de muerte como algo que reparar�a el da�o.  Un castigo debe ser mas que una �retribuci�n social� o �venganza institucional�.   El  prop�sito de imponer un castigo a uno  debe estar concebido para compensar el desorden introducido por el delito. La pena de muerte no puede devolverles la vida a las v�ctimas.

Incluso desde una perspectiva puramente pragm�tica o utilitaria, la pena de muerte no puede ser defendida. No es un medio eficaz de disuasi�n frente a la delincuencia. Texas ha ejecutado a m�s delincuentes que cualquier otro estado; sin embargo, todav�a tiene una de las tasas de homicidios m�s altas del pa�s. Y la pena de muerte no es rentable. Al estado le cuesta menos encarcelar a alguien por el resto de su vida natural, que ejecutarlo. Dado el hecho de que es irreversible, la sociedad ha establecido, con raz�n, que la pena de muerte s�lo se aplique despu�s de apelaciones judiciales prolongadas y costosas. Y, a pesar de esto, hay docenas de casos documentados de personas inocentes que han sido injustamente condenadas y ejecutadas en el pasado siglo.

El homicidio intencional es un crimen atroz, que clama a Dios por justicia. Sin embargo, Dios no exigi� la vida de Ca�n por haber derramado la sangre de Abel. Dios, efectivamente, castig� al primer asesino de la historia, pero le impuso una marca a Ca�n para protegerlo de aquellos que quisieran matarlo para vengar el asesinato de Abel (cf. Gn 4:15). Como Ca�n, el prisionero condenado en el corredor de la muerte �con toda la maldad de sus cr�menes� sigue siendo una persona. Se sirve mejor a la dignidad humana �la de los condenados, as� como la nuestra� al no recurrir a este castigo extremo e innecesario. La sociedad moderna tiene los medios para protegerse sin la pena de muerte.

La conmutaci�n a cadena perpetua servir�a al bien com�n de todos, rompiendo la espiral de violencia de nuestra sociedad, pues la mentalidad de �ojo por ojo� terminar� por dejarnos ciegos a todos.