El candidato presidencial de los cat�licos
Monday, July 25, 2016
Fr. Eduardo Barrios, SJ
El pasado 1 de febrero comenzó en Iowa el lento y complejo proceso que dará a los EE.UU. un nuevo presidente de la Unión el segundo martes de noviembre.
Durante los próximos meses, especialmente después de las convenciones de los partidos, muchos católicos se preguntarán a quién deben dar su voto en conciencia.
Evidentemente que la Conferencia de Obispos Católicos no va a pronunciar un nombre y un apellido. Eso no es necesario, pues en la doctrina católica sobre la vida en sociedad se encuentra el perfil del gobernante deseable.
Por ejemplo, el capítulo octavo del Compendio sobre la Doctrina Social de la Iglesia presenta un retrato aproximativo del candidato conveniente. Ese capítulo se titula, “La comunidad política”.
La Iglesia reconoce como necesario el poder político. Se deriva de la naturaleza social de los humanos. Digamos que es voluntad de Dios que haya gobierno en toda comunidad humana.
El buen político, delegado del pueblo para gobernar, busca el pleno desarrollo de todos los miembros bajo su jurisdicción. La meta de esa búsqueda se conoce con el nombre de “bien común”, el bien de toda la persona y de todas las personas. Aunque los bienes materiales son necesarios, el buen mandatario no se centra en las cosas, sino en las personas.
En las grandes sociedades que llamamos países, dado el fenómeno de las migraciones, hay que contar con la presencia de minorías. El gobierno debe respetar la existencia de tales grupos humanos y reconocer el derecho a conservar su cultura. Por supuesto que los grupos minoritarios también tienen deberes, especialmente el deber de cooperar con el bien común del país en que viven y de cultivar relaciones armoniosas con la cultura mayoritaria.
El gobernante tiene como principal obligación la promoción y defensa de los derechos humanos que se consideran fundamentales e inalienables, comenzando por el derecho a la vida. El que gobierna debe garantizar que la ley positiva sirva a las necesidades humanas de todos los miembros de la población. Se debe evitar el desequilibrio de privilegiar el bienestar de unos pocos por encima del conjunto. Si acaso, el gobierno debe favorecer a los más débiles y vulnerables.
Tarea delicada y sutil de todo gobierno es promover lo que Santo Tomás de Aquino llamó “la amistad civil”. Se deben estrechar los lazos de unión que naturalmente se tienden a dar entre quienes nacieron dentro de un mismo territorio y comparten muchos elementos culturales, la nación. Un gobierno iluminado ayudará a fortalecer esa amistad civil, esa cálida fraternidad entre los ciudadanos. El gobernante debe evitar toda estridencia y divisionismo que atente contra la construcción de lo que el Beato Pablo VI llamó “civilización del amor”. El precepto judeo-cristiano del amor hacia el prójimo ilumina el significado más profundo de la vida política. Se considera exitoso el gobernante equilibrado y moderado, el que con sus expresiones y actuaciones crea una atmósfera de confianza, de solidaridad y de interés por el bien de los demás.
Los buenos ciudadanos deben sentirse obligados en conciencia a obedecer a los gobernantes siempre y cuando éstos actúen dentro de los límites marcados por el orden moral. Tendrá éxito y será bien acogido el gobernante consciente de que existe una ley moral, ley natural, a la que todos, comenzando por él, deben someterse. Sólo impondrá obligaciones en sintonía con la moral.
Toca a la autoridad proponer leyes que correspondan a la dignidad de las personas, leyes derivadas de la recta razón. Las leyes contrarias a la moral, y por tanto contrarias a la razón, deben considerarse injustas. El gobernante injusto pierde legitimidad.
Ante leyes injustas e inmorales, el pueblo no puede menos que reaccionar con la llamada “objeción de conciencia”. Por tanto, el gobernante que quiera mantener un clima de paz en el país debe cuidar que se decrete y se legisle dentro de la moralidad.
Un aspecto poco agradable del ejercicio de la autoridad, pero necesario, es la aplicación de correctivos y castigos. Cuando de criminales se trata, el gobierno tiene la obligación de castigarlos con penas proporcionadas al delito cometido. El sistema penal debe orientarse hacia la rehabilitación de los ofensores. Hoy en día la Iglesia enseña que la pena de muerte vulnera la dignidad de la persona humana.
Los votantes católicos saben que el candidato ideal o perfecto no existe. Pero buscarán en los documentos conciliares (Vaticano II), en las encíclicas papales y en las cartas pastorales del episcopado criterios para evaluar a los candidatos antes de que llegue el día decisivo, 8 de noviembre de 2016.
