By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami
Obispos de El Salvador y Estados Unidos se reunieron con miembros del Congreso estadounidense el 12 y 13 de abril 2018 para pedir protección legal para cerca de 200.000 salvadoreños que llevan años viviendo en los Estados Unidos. El Presidente Donald Trump revocó el TPS – Programa de Estatus de Protección Temporal – para los salvadoreños en enero, y ahora están amenazados con la deportación. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San Salvador, y el Arzobispo Thomas Wenski de Miami, escribieron esta columna a raíz de esta visita.
Fotógrafo: Instagram
El Arzobispo Thomas Wenski subió estas fotos a su cuenta de Instagram después de las reuniones en Washington, D.C., entre obispos salvadoreños y estadounidenses y representantes del Congreso.
Fotógrafo: Instagram
En 2001, en un espíritu de solidaridad con Ecuador, donde la devastación de dos terremotos hizo la vida imposible para muchos de sus ciudadanos, Estados Unidos creó y aprobó con apoyo bipartidista el Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). El programa se estableció en 1990 para proteger a los migrantes y refugiados que huyen de la guerra, la persecución, los desastres naturales y la pobreza. El TPS ha permitido que unos 200.000 salvadoreños vivan y trabajen en los Estados Unidos.
Tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner fin al vital programa de ayuda humanitaria que es el TPS, quienes viven actualmente en esta nación—la mayoría de los cuales son personas maravillosas y muchos de ellos padres de unos 192.000 niños nacidos en los Estados Unidos—serán enviados a un país que algunos de ellos apenas conocen. Después de trabajar por años para construir una vida aquí, su “hogar” ya no se encuentra “allá”. Su “hogar” está “aquí”. Al enfrentar la deportación, están preocupados por su futuro y el futuro de sus hijos.
Lamentablemente, tienen razón. Hoy la realidad de El Salvador es dolorosa. Atrapado entre la pobreza, la violencia pandillera y el crimen organizado, es uno de los cinco países más violentos del mundo. Las pandillas controlan barrios enteros. Extorsionan a las empresas y reclutan a jóvenes pobres y vulnerables con reglas de “se unen o mueren” que aterrorizan a las familias y con frecuencia mantienen a los niños fuera de la escuela.
Devolver a la gente a esa situación no solo está mal, sino que es cruel. No hay duda de que los “deportados” se destacarán y serán blanco de las pandillas para ser extorsionados o, peor aún, porque pensarán que tienen dinero. Quienes deseen llevar de regreso a El Salvador sus habilidades empresariales, tan duramente obtenidas en los Estados Unidos, pronto se convertirán en blanco de bandas criminales que a diario extorsionan a las empresas con amenazas de violencia.
La sociedad salvadoreña, con altas tasas de desempleo, no tiene la capacidad de recibir e integrar adecuadamente a tantas personas. Devolver a la gente exacerbará aún más las causas fundamentales de la pobreza, la violencia y la desigualdad que perpetúan la migración forzosa fuera del país. Y la pérdida de remesas enviadas a familiares por los beneficiarios del TPS en los Estados Unidos empeorará aún más la difícil situación económica.
El gobierno de los Estados Unidos apoya la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad en El Salvador y los países vecinos de Honduras y Guatemala, que se ocupa de la violencia desenfrenada y el lento crecimiento económico, los dos principales factores de migración de la región. Una entrada repentina de 200.000 personas solo desestabilizaría aún más la ya inestable situación de la región, lo que revertiría cualquier progreso de desarrollo en la zona y llevaría su infraestructura al límite.
Como Iglesia, continuaremos trabajando unidos, como lo hemos hecho durante años, para abordar las causas fundamentales que obligan a los salvadoreños, en primer lugar, a buscar seguridad y una vida mejor en los Estados Unidos. Con la comunidad internacional, deberíamos invertir más en la prevención de la violencia y el desarrollo de la juventud.
A través de Catholic Relief Services, la Iglesia Católica de los Estados Unidos ve los resultados de los programas que ayudan a los jóvenes en riesgo a encontrar empleo, regresar a la escuela y desarrollar destrezas de vida y liderazgo. Elogiamos al Congreso por proteger la asistencia para el desarrollo que hace posible estos programas, y le alentamos a continuar financiándolos.
Mientras tanto, poner fin al TPS destruirá familias. Como católicos, eso nos parece inaceptable. La familia es la sagrada piedra angular de las sociedades. Los salvadoreños poseedores del TPS merecen vidas dignas y no enfrentar una devastadora separación familiar. Por sus contribuciones a los Estados Unidos y las vidas que han hecho aquí, ameritan nuestra compasión y respeto.
Esta semana, nos reuniremos con miembros del Congreso para exhortarles a encontrar una solución legislativa permanente que proteja a los contribuyentes beneficiarios del TPS que han vivido aquí muchos años, y a sus familias. Como pastores en una Iglesia unida, no podemos permanecer en silencio en medio del drama y el pánico que afectan a estas familias.
