By US Conference of Catholic Bishops -
Fotógrafo: CNS photo/Edgard Garrido, Reuters
WASHINGTON, D.C. | Esta explicación sobre la separación de familias en la frontera fue preparada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Un ejemplo de a quiénes está separando y deteniendo el DHS: La historia de María
María, una joven madre, fue abusada y forzada al tráfico sexual por una pandilla local en su país de origen, Guatemala. Eventualmente, María escapó de esta situación y huyó a Estados Unidos con José, su hijo de 3 años, en busca de protección. Cuando agentes de la Protección de Aduanas y Fronteras apresaron a María y a José en la frontera, decidieron separar a María de su niño, aparentemente convencidos que ella era la tía de José. Por tanto, a José se le consideró como “no acompañado” y transferido al cuidado de la Oficina para la Reubicación de Refugiados y ella fue trasladada a un centro de detención para adultos. María sigue detenida y aun no la han reunificado con su hijo.
A finales de la Administración de Obama y en la Administración de Trump, ha habido un incremento significante en la separación de familias en la frontera EEUU/México por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP). Desde oct. 2017, más de 700 niños han sido separados de sus padres y se les considera “no acompañados”. Esto incluye a más de unos 100 niños menores de 4 años. El 4 de mayo del 2018, el DHS dijo que va a referir el cruce no autorizado de la frontera a un proceso penal, el cual incluiría a los miembros adultos de la unidad familiar. Si se implementa esta política, sin duda eso llevaría a un drástico incremento en el número de incidentes de separación familiar.
La separación forzosa de las familias es muy preocupante por varias razones:
Sería muy costoso para los contribuyentes.
Con la nueva estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en Inglés), de separar a las familias inmigrantes detenidas en la frontera sur, DHS posiblemente entregará a todo aquel mayor de 18 años a la agencia federal del Servicio de Alguaciles (US Marshals) a esperar juicio y designaría a los niños como “no acompañados”. Estos niños serían transferidos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Separar a las familias en la frontera resultara increíblemente caro – cambiando innecesariamente el costo financiero de las familias que esperan un proceso judicial a los contribuyentes estadounidenses. Actualmente, si un individuo detenido no es enjuiciado, la familia y organizaciones caritativas proveen asistencia. Con los cambios del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) – y por ende el dinero del contribuyente – será requerido para proveer el cuidado de las familias en detención.
Para implementar esta política, los contribuyentes tendrían que pagar cientos de dólares cada día por cada familia.
DOJ encontró que el costo promedio en el 2017 de cada individuo detenido por el Servicio de Alguaciles es de $89.33 por día. Mientras tanto, un informe del 2015 de la Oficina de Contabilidad del Gobierno estima que el costo promedio al contribuyente, para mantener a un niño no acompañado en un albergue ORR, es de $248 por dia. Esto quiere decir que los costos pueden variar hasta $585 por noche para una familia de tres personas (dos niños, un padre/madre) cuyo costo será pasado al contribuyente. En contraste, ejerciendo discreción en la determinación a quien se va a enjuiciar y liberando a las familias que esperan un proceso de inmigración, bajo ciertos programas existentes como el de Alternativas a la Detención (ATD) operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), son menos costosos y mucho más efectivos; programas como el ATD operados por DHS cuestan solamente $5 por día y estos son extremadamente efectivos para asegurar que se cumplan los procedimientos y las órdenes de inmigración.
Esto obstaculizaría la eficiencia judicial.
Separar a las familias también impediría acceso a un debido proceso y reduciría la eficacia judicial. Luego de separarlos, los miembros adultos de la familia detenida serían puestos en procesos de remoción, separados de sus hijos. Esto exige un gasto innecesario para los fondos del DOJ en procesos duplicados que, de otro modo, podrían juntarse. Por lo tanto, la política contribuiría aún más a atrasar la labor de las cortes de inmigración, las cuales tienen pendientes más de 692,000 casos. Además, separar a los miembros de una familia puede impedir su acceso a evidencias y a testimonios esenciales para el procesamiento eficaz de los casos y su acceso a la justicia.
Los niños son vulnerables y no deben ser separados de sus padres.
La unidad familiar es la piedra angular de nuestro sistema migratorio en Estados Unidos y un elemento fundamental en la enseñanza católica. Aunque a veces hay momentos en los que la separación es apropiada debido a una preocupación de abuso o de tráfico humano, la separación innecesaria de la familia sería muy prejudicial a los principios básicos para el bienestar de los niños, contrario a nuestros valores católicos e ineficaces para los objetivos de disuasión y seguridad.
El aumento de los procesos judiciales y la separación de los padres de sus hijos no va a disuadir a las familias que buscan seguridad en los Estados Unidos.
Hoy, una política así no curará las causas raíz existentes y generalizadas en el Triángulo Norte de América Central. Factores como la violencia comunitaria o la sancionada por el estado, la pobreza, la falta de oportunidades educativas, el reclutamiento forzoso en pandillas y el abuso doméstico, están obligando a los niños y a las familias a tomar enormes riesgos migratorios, incluyendo la posibilidad de un riesgo adicional: la separación de la familia en la frontera. Estos son factores que deben abordarse a medida que intentamos reparar nuestro roto sistema migratorio.
