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Columns | Tuesday, May 13, 2014

Es hora de reparar la inoperante pol�tica penal de nuestro pa�s

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Los católicos y otros cristianos de todo el mundo tienen el consuelo de saber que el “Señor no se cansa de perdonar, nunca!”, como ha dicho el Papa Francisco. Pero más allá de nuestros errores personales, también sabemos que hay una quiebra en la sociedad. Quizás en ningún aspecto sea esta quiebra más evidente que en la trágica tasa de encarcelamientos de nuestro país.

Estados Unidos encarcela a más personas per cápita que cualquier otra nación en el mundo, a un costo de aproximadamente $80 mil millones anuales. En el 2011, aproximadamente siete millones de personas se encontraban bajo alguna forma de control correccional, con 2.2 millones de presos en las cárceles federales, estatales o locales.

Según el Departamento de Correcciones de La Florida, en enero del 2014 La Florida albergaba a 100,445 reclusos en 55 prisiones estatales y siete prisiones privadas. El costo medio anual para los residentes de La Florida por el encarcelamiento de una persona es de $17,338 al año, y el condado de Miami-Dade está a la cabeza en el número de condenados.

Los hispanos tienen el doble de probabilidades de ser encarcelados que los blancos, y si las prácticas actuales de encarcelamiento se mantienen, uno de cada tres hombres afroamericanos puede ir a la cárcel en algún momento de su vida.

Varios factores han contribuido a estas estadísticas alarmantes.

La sentencia mínima obligatoria, una mayor penalización de los delitos no violentos, la lucrativa industria de las prisiones privadas y las severas políticas contra el delito, que llevan a los delincuentes juveniles al sistema penitenciario a edades cada vez más jóvenes, desempeñan un papel en el aumento del número de encarcelamientos. Además, el crecimiento, durante los últimos años, de la industria de las prisiones privadas con fines de lucro, también ha creado, según argumentan algunos, un perverso incentivo que favorece el encarcelamiento sobre otras alternativas posibles .

Las sentencias rigurosas no sólo son costosas, sino que a menudo resultan perjudiciales para el bien de las familias y las comunidades. El encarcelamiento prolongado contribuye a mayores tasas de reincidencia, inestabilidad familiar y pobreza. El castigo, con el fin de que promueva la vida y la dignidad humanas, debe promover la rehabilitación del delincuente y su restitución a la sociedad como un miembro productivo de ésta.

Personas de las más diversas perspectivas políticas y religiosas están comenzando a cuestionar las severas prácticas penales de nuestro país. Los senadores Dick Durbin (D -IL) y Mike Lee (R -UT ) han presentado un proyecto de Ley, The Smarter Sentencing Act (S. 1410), o Ley Penal Más Inteligente, que busca implementar reformas modestas de las sentencias mínimas obligatorias, ampliando las opciones de penalización judicial, específicamente, para los delitos de drogas no violentos. El proyecto de ley permitiría reducciones en las sentencias obligatorias para ciertos delitos de drogas, y permitiría que quienes cometan delitos vinculados al consumo de crack procuraran recibir penas más leves conforme a la Fair Sentencing Act (Ley de Sentencias Justas) del 2010.

El gobierno establece acertadamente leyes para proteger a las personas y promover el bien común. Pero los costos humanos y financieros de la encarcelación en masa están socavando el bien común, y hacen poco para proteger a la ciudadanía. Es contraproducente el invertir grandes cantidades de recursos en encarcelar a los delincuentes no violentos. En lugar de ello, el gobierno y la sociedad civil deberían promover programas eficaces para la prevención del delito, la rehabilitación, los esfuerzos de educación, el tratamiento del abuso de sustancias, y los programas de libertad condicional, libertad bajo palabra y reintegración.

Como ha dicho el Papa Francisco, “Dios está en la vida de todos. Incluso si la vida de una persona ha sido un desastre, incluso si se destruye por vicios, drogas o cualquier otra cosa, Dios está en la vida de esa persona”. En lugar de “echar a un lado” a las personas quebrantadas, deberíamos busca maneras de rehabilitarlas y de reintegrarlas a la sociedad en general .

La contrición, la restitución, la rehabilitación, pueden servir mejor a la causa de la justicia que el simple castigo por el castigo mismo. Es hora de buscar la sanación y de iniciar el diálogo, tan largamente pospuesto, sobre cómo reparar la inoperante política penal de nuestro país.

Comments from readers

Aken Cabrera - 05/16/2014 01:02 AM
Wonderful column. Archbishop Wenski is true leader who really cares for
the people of the Archdiocese of Miami. That being said, I would like to mention a few points. Besides there being an incentive for incarceration because of for-profit prisons, we should also mention the fact that there is also a political motivation as well because the position of State or District Attorney (depending on the state, is an elected position, which means that the only way in which the State or District Attorney gets re-elected is by "being tough on crime", and not exactly because he or she really cares about public safety. Another factor, is that a large number of Defendants are Spanish speaking, thus not fully understanding their Constitutional rights. Also, a lot of times, the Prosecutor assigned to the cases are only seeking a conviction, which by the way could be by the Defendant making a guilty plea, due to the fact that many times the accused just does not want to go prison, and thus simply take the "easy way out" that is presented to him or her, not only by the Prosecutor, or by a Public Defender who has a very large case load and just wants decrease their case load.

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