By Communications Department - Archdiocese of Miami
Esta carta fue enviada a los obispos de EE.UU. el 21 de febrero por el cardenal Timothy Dolan, presidente de la conferencia episcopal estadounidense, y el obispo William Lori, presidente del Comité Ad Hoc Sobre Libertad Religiosa.
Estimados hermanos obispos,
Desde que les escribimos la última vez con relación a los esfuerzos críticos que estamos llevando a cabo juntos para proteger la libertad religiosa en nuestro amado país, muchos de ustedes nos pidieron que les escribiéramos una vez más para ponernos al día sobre esta situación y para pedir ayuda de nuevo a los fieles en este trabajo tan importante. Nos alegramos de poder hacerlo ahora.
Primero, queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento, tanto a ustedes como a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por el magnífico testimonio de unidad en la fe y fortaleza de convicciones durante este pasado mes. Hemos logrado que se oyeran nuestras voces y no desistiremos hasta que la libertad religiosa sea restablecida.
Como ya sabemos, el 20 de enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció su decisión de poner en práctica las regulaciones finales que obligarían a prácticamente todos los empleadores, incluyendo a muchas instituciones religiosas, a financiar los fármacos que induzcan al aborto, las esterilizaciones y los anticonceptivos. Estas regulaciones no ofrecen ninguna protección a excelentes instituciones nuestras como las caridades católicas, los hospitales y las universidades, ni tampoco a los fieles de forma individual. Estas regulaciones han golpeado justo en la médula nuestro derecho fundamental de libertad religiosa y afectan a nuestra capacidad de poder servir a aquellos que se encuentran fuera de nuestra comunidad de fe.
A partir del 20 de enero la reacción fue inmediata y sostenida. Nos unimos en este esfuerzo y nos acompañaron personas de todos los credos y persuasiones políticas para, de forma terminantemente clara, enfatizar que estamos unidos y opuestos a cualquier intento de tratar de rechazar o debilitar nuestro derecho a la libertad religiosa sobre la cual fue fundado nuestro país.
El viernes, 10 de febrero, la Administración expidió las regulaciones finales. Según sus propias palabras, las regulaciones fueron reconfirmadas “sin ningún cambio”. El mandato de proveer servicios ilícitos continúa. La exención de las iglesias, que es una medida extremadamente rigurosa, continúa también. A pesar de esta protesta, todas las amenazas contra la libertad religiosa que estaban en las regulaciones originales continúan.
La libertad religiosa es un derecho fundamental de todo ciudadano. Este derecho no depende de una decisión gubernamental para ser otorgado: es un don de Dios y las sociedades justas reconocen y respetan su libre desempeño. Este derecho a profesar la religión libremente va más allá de la libertad de culto. También prohíbe que un gobierno obligue a personas o grupos a violar sus más profundas convicciones religiosas y que éste interfiera en los asuntos internos de las organizaciones religiosas.
Las recientes acciones de la Administración han tratado de reducir el libre ejercicio de este
derecho a un “privilegio” arbitrariamente otorgado por el gobierno como una simple exención a una forma de secularismo extremo que abarca todos los aspectos de la vida. La exención ha sido definida de forma extremadamente limitada porque no exenta a la mayoría de empleadores de instituciones
religiosas sin fines de lucro, a las aseguradoras afiliadas a instituciones religiosas, al empleado que se aseguró de forma individual, al empleador religioso con fines de lucro, ni a los dueños de negocios privados operados por personas que, con todo derecho, objetan a financiar los fármacos que induzcan al aborto, la esterilización, y los anticonceptivos. Y como este mandado ha sido instituido sólo por un capricho ejecutivo, esta excesiva y rigurosa exención pudiera ser también eliminada fácilmente.
En los Estados Unidos la libertad religiosa no depende de la benevolencia de quien nos esté dirigiendo. Es nuestra “primera libertad” y se debe respetar de forma amplia e inclusiva y no de forma rigurosa y exclusiva. Los católicos, y otras personas de fe y buena voluntad, no son ciudadanos de segunda clase y no es de la incumbencia del gobierno decidir cuáles de nuestros ministerios son lo “suficientemente religiosos” como para merecer la protección de la libertad religiosa.
No se trata sólo de la anticoncepción, de los fármacos abortivos o de la esterilización, aunque todos deben reconocer la injusticia que implica el hacerlas parte de un mandato de cuidado de salud universal. No se trata de republicanos o demócratas; conservadores o liberales. Se trata de personas de fe. Es, ante todo, un asunto de libertad religiosa para todos. Si el gobierno puede, por ejemplo, decir a los católicos que no pueden tener un seguro médico hoy en día sin que se violen sus convicciones religiosas, ¿a dónde acaba su injerencia? Este mandato viola los límites constitucionales de nuestro gobierno y los derechos básicos sobre los que se fundó nuestro país.
Queda aún mucho por hacer. No podemos descansar frente a una amenaza tan grave a la libertad religiosa, por la que nuestros padres y abuelos lucharon. En este momento de la historia debemos trabajar diligentemente para preservar la libertad religiosa y eliminar cualquier cosa que ponga en peligro el poder practicar nuestra fe en público; es nuestra herencia como estadounidenses.
El Presidente Obama debe revocar este mandato, o por lo menos, proveer medidas totales y efectivas para proteger la libertad religiosa y de conciencia.
Pero ante todo, queridos hermanos, confiamos en la ayuda del Señor en esta importante batalla. Todos tenemos que actuar rápidamente contactando a nuestros legisladores para que apoyen la Ley de Respeto a los Derechos de Conciencia. Esto lo pueden hacer por medio de nuestra alerta de acción visitando: www.usccb.org/conscience.
Los invitamos a que compartan el contenido de esta carta con los fieles de su diócesis, de cualquier forma y por los medios que estimen más apropiados. Continuemos orando por una rápida y completa resolución de ésta y de todas las amenazas a la libertad religiosa y al ejercicio de nuestra fe en nuestro gran país.
Su Eminencia Timothy Cardenal Dolan
Arzobispo de Nueva York
Presidente, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
Reverendísimo William E. Lori
Obispo de Bridgeport
Presidente, Comité Ad Hoc sobre Libertad Religiosa
Desde que les escribimos la última vez con relación a los esfuerzos críticos que estamos llevando a cabo juntos para proteger la libertad religiosa en nuestro amado país, muchos de ustedes nos pidieron que les escribiéramos una vez más para ponernos al día sobre esta situación y para pedir ayuda de nuevo a los fieles en este trabajo tan importante. Nos alegramos de poder hacerlo ahora.
Primero, queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento, tanto a ustedes como a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por el magnífico testimonio de unidad en la fe y fortaleza de convicciones durante este pasado mes. Hemos logrado que se oyeran nuestras voces y no desistiremos hasta que la libertad religiosa sea restablecida.
Como ya sabemos, el 20 de enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció su decisión de poner en práctica las regulaciones finales que obligarían a prácticamente todos los empleadores, incluyendo a muchas instituciones religiosas, a financiar los fármacos que induzcan al aborto, las esterilizaciones y los anticonceptivos. Estas regulaciones no ofrecen ninguna protección a excelentes instituciones nuestras como las caridades católicas, los hospitales y las universidades, ni tampoco a los fieles de forma individual. Estas regulaciones han golpeado justo en la médula nuestro derecho fundamental de libertad religiosa y afectan a nuestra capacidad de poder servir a aquellos que se encuentran fuera de nuestra comunidad de fe.
A partir del 20 de enero la reacción fue inmediata y sostenida. Nos unimos en este esfuerzo y nos acompañaron personas de todos los credos y persuasiones políticas para, de forma terminantemente clara, enfatizar que estamos unidos y opuestos a cualquier intento de tratar de rechazar o debilitar nuestro derecho a la libertad religiosa sobre la cual fue fundado nuestro país.
El viernes, 10 de febrero, la Administración expidió las regulaciones finales. Según sus propias palabras, las regulaciones fueron reconfirmadas “sin ningún cambio”. El mandato de proveer servicios ilícitos continúa. La exención de las iglesias, que es una medida extremadamente rigurosa, continúa también. A pesar de esta protesta, todas las amenazas contra la libertad religiosa que estaban en las regulaciones originales continúan.
La libertad religiosa es un derecho fundamental de todo ciudadano. Este derecho no depende de una decisión gubernamental para ser otorgado: es un don de Dios y las sociedades justas reconocen y respetan su libre desempeño. Este derecho a profesar la religión libremente va más allá de la libertad de culto. También prohíbe que un gobierno obligue a personas o grupos a violar sus más profundas convicciones religiosas y que éste interfiera en los asuntos internos de las organizaciones religiosas.
Las recientes acciones de la Administración han tratado de reducir el libre ejercicio de este
derecho a un “privilegio” arbitrariamente otorgado por el gobierno como una simple exención a una forma de secularismo extremo que abarca todos los aspectos de la vida. La exención ha sido definida de forma extremadamente limitada porque no exenta a la mayoría de empleadores de instituciones
religiosas sin fines de lucro, a las aseguradoras afiliadas a instituciones religiosas, al empleado que se aseguró de forma individual, al empleador religioso con fines de lucro, ni a los dueños de negocios privados operados por personas que, con todo derecho, objetan a financiar los fármacos que induzcan al aborto, la esterilización, y los anticonceptivos. Y como este mandado ha sido instituido sólo por un capricho ejecutivo, esta excesiva y rigurosa exención pudiera ser también eliminada fácilmente.
En los Estados Unidos la libertad religiosa no depende de la benevolencia de quien nos esté dirigiendo. Es nuestra “primera libertad” y se debe respetar de forma amplia e inclusiva y no de forma rigurosa y exclusiva. Los católicos, y otras personas de fe y buena voluntad, no son ciudadanos de segunda clase y no es de la incumbencia del gobierno decidir cuáles de nuestros ministerios son lo “suficientemente religiosos” como para merecer la protección de la libertad religiosa.
No se trata sólo de la anticoncepción, de los fármacos abortivos o de la esterilización, aunque todos deben reconocer la injusticia que implica el hacerlas parte de un mandato de cuidado de salud universal. No se trata de republicanos o demócratas; conservadores o liberales. Se trata de personas de fe. Es, ante todo, un asunto de libertad religiosa para todos. Si el gobierno puede, por ejemplo, decir a los católicos que no pueden tener un seguro médico hoy en día sin que se violen sus convicciones religiosas, ¿a dónde acaba su injerencia? Este mandato viola los límites constitucionales de nuestro gobierno y los derechos básicos sobre los que se fundó nuestro país.
Queda aún mucho por hacer. No podemos descansar frente a una amenaza tan grave a la libertad religiosa, por la que nuestros padres y abuelos lucharon. En este momento de la historia debemos trabajar diligentemente para preservar la libertad religiosa y eliminar cualquier cosa que ponga en peligro el poder practicar nuestra fe en público; es nuestra herencia como estadounidenses.
El Presidente Obama debe revocar este mandato, o por lo menos, proveer medidas totales y efectivas para proteger la libertad religiosa y de conciencia.
Pero ante todo, queridos hermanos, confiamos en la ayuda del Señor en esta importante batalla. Todos tenemos que actuar rápidamente contactando a nuestros legisladores para que apoyen la Ley de Respeto a los Derechos de Conciencia. Esto lo pueden hacer por medio de nuestra alerta de acción visitando: www.usccb.org/conscience.
Los invitamos a que compartan el contenido de esta carta con los fieles de su diócesis, de cualquier forma y por los medios que estimen más apropiados. Continuemos orando por una rápida y completa resolución de ésta y de todas las amenazas a la libertad religiosa y al ejercicio de nuestra fe en nuestro gran país.
Su Eminencia Timothy Cardenal Dolan
Arzobispo de Nueva York
Presidente, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
Reverendísimo William E. Lori
Obispo de Bridgeport
Presidente, Comité Ad Hoc sobre Libertad Religiosa
