By Archbishop Thomas Wenski - The Archdiocese of Miami
El Papa Juan Pablo II, en su encíclica “El Esplendor de la Verdad”, expresó claramente la doctrina de la Iglesia Católica sobre la tortura. Declaró que, como “el genocidio, el aborto, [y] la eutanasia”, la tortura es “intrínsecamente maligna”. Es un acto que no puede justificarse moralmente bajo ninguna circunstancia. El Papa Benedicto XVI dijo en 2007: “Reitero que la prohibición de la tortura no puede ser infringida en ninguna circunstancia”. La tortura debilita y degrada la dignidad humana de las víctimas y de los victimarios.
Durante los últimos tres años, el Comité Especial de Inteligencia del Senado (SSCI) ha estado llevando a cabo una investigación sobre el uso de la tortura por la CIA. Es probable que el SSCI, del que el senador Bill Nelson es miembro, vote pronto acerca de si se debe aprobar y publicar el informe.
En el pasado, he escrito cartas al Congreso instando a la aprobación de una legislación para prohibir la tortura como técnica de interrogatorio. Ahora pido la publicación del informe de la investigación del SSCI, tal como lo pide la Campaña Nacional Religiosa contra la Tortura. Como personas de fe, creemos que la verdad nos hará libres: el esplendor de la verdad. La luz del sol es el mejor desinfectante.
Es hora de que los resultados de esa investigación se hagan públicos para ayudar a garantizar que nuestro gobierno no se involucre de nuevo en la tortura. El público tiene que entender la naturaleza de la tortura, incluidas su ilegalidad, su inmoralidad y su ineficacia.
La tortura es una abominación moral. Es contraria a las enseñanzas de todas las religiones y es una violación flagrante de la dignidad de cada persona. La tortura es degradante para todos los involucrados: la víctima, el agresor y cualquier sociedad que tolere su práctica. Condonar la tortura no sólo socava nuestra credibilidad moral en el mundo, sino que también erosiona nuestra propia autocomprensión como pueblo dedicado a la proposición de que todos los hombres, creados iguales, “han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. . .” La dignidad humana se debilita una vez que nos permitimos seguir una ética según la cual los fines justifican los medios.
La postura de “el poder hace el derecho” socava el estado de derecho (el imperio de la ley) y abre la puerta a la tiranía. El fundamento de la seguridad, la justicia y la paz en una sociedad abierta debe basarse en el respeto a la dignidad de cada persona, aliada o enemiga. No puede haber compromiso sobre el imperativo moral de proteger los derechos humanos fundamentales de todos los individuos. El terrorismo incita, efectivamente, al miedo, pero no podemos permitir que el miedo nos deshumanice al tratar de responder a amenazas muy reales.
Estados Unidos debe mantener los más altos estándares éticos y cumplir plenamente sus compromisos de atenerse al derecho internacional en su trato a los prisioneros.
Bajo el derecho internacional, la tortura es ilegal. Durante mucho tiempo, la política de Estados Unidos ha sido la de apoyar la Convención de Ginebra, incluido el Artículo Común No. 3, que prohíbe “los tratos crueles y la tortura”, así como “los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. . .”
En 1994, Estados Unidos firmó la Convención de la ONU contra la Tortura, que declara: “Ninguna circunstancia excepcional, como un estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser invocada como justificación de la tortura”.
También hay razones prácticas para oponerse a la tortura. Ex expertos de la CIA y el FBI han declarado en repetidas ocasiones que la tortura no es eficaz para producir información confiable. También es cierto que la tortura es contraproducente, ya que socava nuestra autoridad moral, genera ira en el extranjero y puede ayudar a los terroristas a atraer reclutas.
Es algo positivo que una Directiva Presidencial del 2009 detuviera el uso de la tortura por parte de Estados Unidos, pero es necesario hacer más. Las provisiones de la ordenanza deben aprobarse como ley nacional, de modo que ninguna administración futura pueda autorizar la tortura.
Nuestro gobierno es responsable ante la gente. Si los ciudadanos no comprenden y no conocen las pasadas políticas y prácticas de torturas del gobierno de EE.UU., no van a estar en condiciones de poder pedir cuentas a ese gobierno.
La publicación de los resultados de la investigación del Comité de Inteligencia del Senado sobre las prácticas de interrogatorio de la CIA, proporcionará esa información.
Conocer la verdad sobre cualquier situación es algo poderoso. Conocer la verdad sobre la tortura patrocinada por Estados Unidos puede contribuir a garantizar que eso nunca vuelva a ocurrir.
Este artículo apareció originalmente 14 de noviembre 2012, en la sección de Opinión de The Miami Herald. El Arzobispo Wenski acaba de ser elegido presidente del Comité sobre la Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos.
